INMA MARTOS | Santa Cruz de Tenerife

Los funcionarios de Justicia de Canarias están en pie de guerra por lo que creen es una “tomadura de pelo” del Gobierno autonómico que comenzó en el año 2006 y que colea hasta hoy. Los sindicatos del sector, de forma unánime, consideran que “la decisión del Gobierno regional de descontar a partir del mes de julio un 5% de las nóminas de los funcionarios (una media de 375 euros) es un robo a mano armada” y, además, según aseguran, se trata de una medida ilegal que “van a denunciar”.

Los responsables sindicales dicen que la nómina de un trabajador mileurista, ya sea privado o público, no puede soportar esa disminución. “Creemos que tendrá carácter retroactivo, por lo que será realmente un 10% y no un cinco como quieren hacer creer”, apostillan. Por este motivo, ayer unos 100 trabajadores de los juzgados (pertenecientes a las categorías de gestión, tramitador y auxilio procesales, con 2.200 funcionarios en toda Canarias), se concentraron “de forma espontánea” ante las puertas del Palacio de Justicia, al tiempo que sus colegas de la provincia de Las Palmas. En los próximos días seguirán con esta medida de presión en ambas provincias, mientras la junta de portavoces sindicales estudia otras alternativas.