JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Pobreza, marginación, exclusión social… La crisis ha puesto en entredicho el Estado del Bienestar, incapaz de soportar la presión fiscal y los criterios de convergencia que impone la Unión Europea (UE). En el ámbito doméstico, la situación ha colocado a buena parte de la población canaria “al borde del abismo”. Eso es, al menos, lo que aseguran los trabajadores sociales, la principal herramienta de atención al ciudadano con la que cuentan las administraciones en el Archipiélago.
Este colectivo, según explica a este periódico Belén Luis Dóniz, presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Santa Cruz de Tenerife, vive un momento de “incertidumbre” tras el anuncio del Gobierno del Partido Popular (PP) de reducir en más de un 42% la partida destinada al Plan Concertado de Servicios Sociales.
Dicho plan se puso en marcha en España a principios de los 80, a partir de un convenio tripartito entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios, con un compromiso de financiación al 33% de cada una de las partes. A lo largo del tiempo, sin embargo, las apreturas económicas han provocado que el Ejecutivo central fuera reduciendo progresivamente la aportación, lo que ha obligado a las comunidades autónomas y los municipios isleños a compensar ese déficit.
El problema está en que ni los gobiernos regionales ni las administraciones locales, a día de hoy, pueden hacer frente a esos gastos, lo que, según Belén Luis, deja a comunidades como Canarias en situación de “emergencia social”. “Si se ofrecen menos programas y servicios, y se reducen las prestaciones, estaremos en una posición dramática, porque ya de por sí la crisis está generando situaciones de exclusión social, marginación, desamparo, e incluso un aumento de la tasa de delincuencia”, manifiesta al DIARIO la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife. “Y si no hay recursos para hacer frente a las necesidades más básicas, se pueden llegar a producir situaciones muy graves”, agrega.
Por ello, todo el colectivo de trabajadores sociales, a nivel nacional, se ha movilizado para que los grupos parlamentarios reciban una propuesta de los colegios profesionales, para que se puedan presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, los profesionales piden explícitamente que se mantengan las cifras pactadas en el Plan Concertado, ya que de lo contrario aumentarán notablemente los índices de pobreza y exclusión social. En el Archipiélago, además, la propia consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, ha asegurado que si se lleva a efecto esa reducción de las partidas estatales, el Gobierno regional no aportará la diferencia de financiación, como sí hizo el año pasado. Ello, según Belén Luis, “pondría en peligro a 2.000 trabajadores sociales de las Islas” y, lo que es peor, supondría una “fragmentación de la cohesión social, una mayor desigualdad entre la población y un mayor desequilibrio territorial”. “Habrá servicios que habrá que suprimir y miles de trabajadores serán despedidos”, subraya Belén Luis.
Desempleo y pobreza
Y es que la crisis está golpeando con especial dureza a Canarias, donde, por ejemplo, una de cada tres personas se encuentra actualmente en situación de pobreza -según los últimos datos del INE-. Además, la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales recuerda que “estamos a la cabeza en la tasa de desempleo, con más de un 30% de parados, muchos de los cuales ni siquiera cobran ya prestación”.
Esta cifra incluso podría aumentar en los próximos meses, “pero dependerá de algunas de las decisiones que se tomen”, arguye Belén Luis Dóniz, quien confía en que el Gobierno de Canarias no cierre escuelas infantiles, centros de mayores, etc. “Creo que los trabajadores sociales de base no deberían verse afectados por los recortes, porque son la herramienta básica de atención al ciudadano, y también confío en que no se reduzca su número, porque la nueva demanda de ayudas sociales ha aumentado un 40%, y ha crecido un 250% la atención habitual, en relación a los últimos dos años”, expone Belén Luis.
En las propuestas de enmienda que los profesionales han presentado a los grupos parlamentarios, los colegios profesionales de trabajadores y asistentes sociales ofrecen una serie de alternativas. Una de ellas, por ejemplo, es la de perseguir el fraude fiscal en las administraciones públicas. “Pero hay otras muchas medidas antes que recortar los servicios y ayudas sociales porque, en un momento de crisis como el actual, estos servicios son esenciales”, espeta Belén Luis.
En su opinión, “la ciudadanía no es consciente de la actual situación, e incluso a los propios afectados no se les oye. Por eso, “los trabajadores sociales queremos ser parte de esa voz, y explicar lo que está pasando realmente, porque si no se remedia de manera inmediata, la situación puede llegar a ser insostenible”, concluye.
Colapso municipal y exclusión sanitaria
El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) advirtió esta semana de que en el caso de que las asociaciones de inmigrantes puedan acordar la atención primaria con las comunidades autónomas se acabarán colapsando los servicios sociales municipales.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, declaró en RNE que los inmigrantes en situación irregular podrán recibir asistencia sanitaria en atención primaria a través de los convenios que firmen las regiones con las asociaciones que atienden a este colectivo, según está previsto en el marco del desarrollo reglamentario del decreto de reforma de la sanidad.
A su vez, señaló en una nota la CGTS, Mato insinuó que la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular se estudia “caso por caso”. Así, la CGTS pide al Gobierno que se abra al diálogo y se replantee la reforma sanitaria, que consideran “abusiva”, y se pregunta “cómo van a dirimir si no entre quién merece la asistencia y quién no”. En opinión del vocal de sanidad de la CGTS, Daniel Gil, la reforma “hace trizas” la integración socio-sanitaria e insiste en que la “exclusión sanitaria” a inmigrantes y personas que no cotizaban “viene de largo en autonomías como la Comunidad de Madrid”.