GABRIELA GULESSERIAN | Los Realejos
Izquierda Unida Canaria (IUC) en Los Realejos ha presentado un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife para intentar aclarar el “chanchullo urbanístico” de la finca de Los Príncipes “y depurar responsabilidades”.
El concejal de IUC, Jonás Hernández, aseguró en rueda de prensa que el convenio de monetarización firmado en mayo de 2004, aprobado por el Pleno municipal en julio de ese mismo año, “es ilegal, nocivo y dañino” para los intereses del municipio ya que ha impedido que se ingresen 400.000 euros en las arcas municipales.
Mediante dicho acuerdo, explicó, el Ayuntamiento vendió una parcela de titularidad municipal (M-7) al presidente de la Junta de Compensación del Suelo Apto para Urbanizar (SAPUR), Juan Antonio Domínguez Hernández, valorada en 734.856 euros, una cifra a la que el propietario le descontó 314.047 euros, “basándose en un convenio de 1995 firmado con los anteriores propietarios y por el cual el Ayuntamiento adquirió de forma anticipada la Casa de la Parra y un suelo en el que se construyó una cancha de fútbol 7”. El consistorio también pagó el 10% de las obras de urbanización en todo el sector, cifradas en 215.476 euros, “cuando no existe fundamento jurídico alguno para que lo haga dado que, según la legislación, estos costes siempre corresponden al promotor”, explicó.
Por si fuera poco, el entonces grupo de gobierno de CC-PP “indemnizó” al promotor por la renta que este dejó de obtener de una plantación de strelicias desde 1995 a 2004, que tasó en 98.570 euros, “cuando es demostrable que por lo menos desde 1998 no existía tal cultivo porque ya estaba construido el campo de fútbol”. Incluso, añadió el edil, existe un acta de replanteo de la obra desde ese mismo año y fotografías aéreas en el expediente “en las que no aparecen las flores”.
Pero más grave aún, subrayó Hernández, es que el convenio “carece de fundamentos jurídicos y sólo cuenta con un informe del arquitecto municipal que realiza meros cálculos aritméticos para cuadrar los descuentos sin entrar a valorar su procedencia jurídica”. Además, “le resta otra cantidad que no aparece recogida en la propuesta de convenio mediante la cual el Ayuntamiento debe pagarle al empresario por un estanque que él mismo le cedió gratuitamente unas semanas antes, según se recoge en escritura pública con fecha de 23 de abril de 2004”.
Por eso, IUC entiende que el acuerdo “carece de fundamentos legales y sólo responde a la voluntad política de CC-PP y del anterior gerente de Urbanismo “que curiosamente era empleado de la empresa propietaria de los terrenos poco antes de que se firmara”.
Tras varias iniciativas legales, IUC presentó en noviembre de 2011 una nueva acción de nulidad contra el convenio de monetarización que se llevó al Pleno celebrado el 23 de febrero de este año, que fue inadmitido por los servicios jurídicos del Ayuntamiento al considerarse que el mismo “ no está afectado por nulidad de pleno derecho”.
El concejal de la formación de izquierdas culpó al gobierno de CC-PP “de defender los intereses de los propietarios para que puedan cumplir sus réditos inmobiliarios” mientras IUC “intenta que el Ayuntamiento recupere el dinero que le corresponde”.
Hernández estuvo acompañado por el secretario de Organización Local de IUC y la persona que inició todo el proceso como concejal, Juan Borges, quien dijo que en este asunto “se ha resbalado mucha gente, desde técnicos hasta políticos”. En este sentido, recordó que al firmarse el convenio urbanístico, el concejal de Hacienda, “y la persona que tenía que haber velado para que el Ayuntamiento recibiera la cantidad correspondiente y no lo hizo”, era el actual alcalde, Manuel Domínguez, mientras que el responsable de Urbanismo, era Sebastián Ledesma, quien actualmente ocupa el mismo cargo en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, aunque la máxima responsabilidad es del anterior alcalde, Oswaldo Amaro (CC).
En caso de que el recurso no prospere, IUC no descarta emprender otras acciones, como acudir a la Fiscalía Anticorrupción o a la vía de lo penal.