JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Los inmigrantes sin papeles tendrán más difícil recibir atención sanitaria a partir del próximo 1 de septiembre. Esta es una de las medidas de recorte incluidas en el Real Decreto-Ley para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario aprobado hace un mes por el Gobierno del Partido Popular. Así, los extranjeros en situación irregular solo tendrán derecho a ser atendidos en urgencias, hasta que se les dé el alta, durante el periodo del embarazo, parto y posparto y a que los menores de 18 años reciban asistencia pediátrica en las mismas condiciones que los niños y adolescentes españoles.
En Canarias, la decisión del Gobierno afectará al menos a unos 42.000 extranjeros que no tienen regularizada su situación en estos momentos. La decisión del Ejecutivo de Rajoy ha generado un enorme malestar entre las asociaciones de inmigrantes que residen en el Archipiélago, varias de las cuales denuncian que muchos centros de salud han empezado a aplicar ya el controvertido decreto.
Un hecho que para el presidente de la Asociación Cultural Chilenos en Canarias, Christian Alfaro, “es un problema grave y un acto racista, porque hay muchas personas en situación irregular, a la espera de arreglar su documentación”. Según asegura Alfaro, “algunos compatriotas y otros inmigrantes latinoamericanos ya han tenido problemas en centros de salud de la Isla, y también en las farmacias, donde se les requiere la tarjeta sanitaria para poder acceder a los medicamentos recetados”. Por ello, algunas asociaciones se han puesto en contacto con Médicos del Mundo, “para ver si ellos están dispuestos a atender a inmigrantes sin papeles”.
Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, sin embargo, afirman que “los inmigrantes siguen siendo atendidos por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS). Según el Real Decreto, a partir del 31 de agosto será el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) quien conceda o no el derecho a obtener la asistencia sanitaria en nuestro país”.
En la orilla opuesta, la secretaria de la Asociación La Voz de las Mujeres Senegalesas en Tenerife, Ndeye Marie Dasylva, recuerda que “todas las personas tienen derecho a la asistencia, estén en la situación legal que estén”. “En lugar de ir hacia delante, este tipo de medidas nos hacen retroceder muchos años de trabajo y esfuerzo por la integración”, subraya Dasylva, quien deja claro que “durante mucho tiempo los inmigrantes han ayudado a desarrollar Canarias, y ahora nos dan la espalda”. “Deberían rectificar estas medidas, porque pueden fomentar el racismo y la xenofobia”, insiste la inmigrante senegalesa, quien asegura conocer a varias personas “a las que no han querido atender porque no tenían papeles”.
Sus quejas coinciden con las del presidente de la Asociación Casa Bolivia, Macario Márquez, quien opina que “se está culpando a los inmigrantes de los problemas del sistema sanitario, cuando son el colectivo que más crudamente está padeciendo la crisis”. No en vano, Márquez confirma que muchos bolivianos “han tenido que regresar” a su país, porque aquí no hay trabajo ni pueden mantenerse”. En la misma línea se manifiesta Germán Delgado, presidente de la Asociación Amigos del Perú. Delgado, que paradójicamente es médico y reside desde hace 32 años en Tenerife, denota que “es una injusticia que se les niegue la sanidad a los inmigrantes, aunque se encuentren en situación irregular”. “Deberíamos tener más información sobre nuestros derechos y deberes, especialmente aquellos que están tramitando sus papeles en España. También debería haber más implicación por parte de los consulados”, sostiene el neurólogo peruano, que tiene claro que sus compañeros de profesión “van a seguir atendiendo a inmigrantes irregulares”, aunque aclara que “habrá que esperar a las decisiones que tome la Consejería de Sanidad al respecto”.
En el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Comtf) refrendan las palabras de Germán Delgado, y confirman que no dejarán de prestar la asistencia que requieran los inmigrantes en situación irregular en España, pese a lo que establece la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno central. El presidente de la institución, Rodrigo Martín, certifica que, desde un punto de vista ético, el colectivo de médicos al que representa no puede negar la asistencia “a nadie”, “sea ciudadano español, extranjero comunitario o extracomunitario, o extranjero legal o ilegal”.
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Menor uso
Un estudio sobre la inmigración y el sistema sanitario, presentado por Médicos del Mundo, recoge que los inmigrantes acuden al centro de salud una media de 4,6 veces al año. Por contra, los españoles lo hacen hasta en 8,3 ocasiones. El informe, que aglutina tanto a los inmigrantes con tarjeta sanitaria como a los que dejarán de tenerla en la provincia de Aragón, quiere denunciar la falta de base científica de los recortes del Gobierno. Luis Gimeno, médico y uno de los autores del estudio, explica que “el uso que realiza la población inmigrante de la sanidad es muy, muy inferior a la que le correspondería por edad y sexo respecto a los españoles”. Algo que choca con la decisión del Ejecutivo del PP de dejar fuera del sistema a los inmigrantes irregulares, no sólo por los aspectos éticos, sino porque “esta población no es la culpable de los problemas de la sanidad en España”. En las cifras que atañen a los ingresos hospitalarios y al consumo de fármacos, los españoles también están por delante. Sobre 160.000 casos y en todos los tramos de edad, los nacionales ingresan el doble de veces.
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