EUROPA PRESS | San Sebastián

El exdirector de la Hacienda de Irún José María Bravo, principal imputado por el presunto fraude en esta oficina tributaria, se ofreció a pagar unos 150.000 euros a responsables de la Hacienda guipuzcoana para evitar que el caso fuera denunciado ante la Fiscalía.

De este modo, lo ha relatado Iñaki Rica, exdirector Hacienda, al ser interrogado por las partes en la vista por este presunto fraude que se celebra en la Audiencia de Guipúzcoa de San Sebastián, que se prevé concluya este miércoles.

Rica ha relatado lo que ocurrió en las dos reuniones, en total de unas siete horas, que él y el entonces diputado foral de Hacienda Juanjo Mugika, tuvieron en septiembre de 2006 con Bravo, con el objetivo de que este justificara la “confusa y extraña” situación que suponía que un contribuyente afirmara que le había realizado, personalmente, dos pagos con los que creía saldada su deuda tributaria, siendo, además, reducida en cuantía.

El exdirector del fisco guipuzcoano ha indicado que llamaron al principal imputado en este caso para “buscar una explicación” a esos hechos, y apuntado que el dinero cobrado “iba directo a la caja fuerte” de la oficina de Irún. Rica ha indicado que en la primera reunión Bravo “no terminaba de poder entender, ni explicar, con aquel dinero que se metía en la caja, como si el dinero se hubiera volatilizado” e intentó responsabilizar a un funcionario de Irún.

A continuación, solicitó un plazo de 48 horas para reflexionar y en el segundo encuentro hubo “un cambio”, ha indicado Rica, puesto que Bravo “vino a decir que cualquier funcionario pudo sustraer dinero de la caja fuerte, dado que su código era el antiguo número de teléfono de la oficina, una explicación, a su juicio, “lógica y coherente”.

No obstante, ha indicado que, a continuación, hubo un “doble ofrecimiento” por parte de Bravo, por un lado “de asunción de responsabilidades administrativas, cuando nadie se lo había exigido” y, por otro, “sin venir a cuento ofreció unos 150.000 euros que estaba dispuesto a poner sobre la mesa y que provenía de unas ayudas a unos negocios que tenía”. Esto puso en sospecha a la Hacienda foral que interpuso denuncia de estos hechos ante la Fiscalía.

Auditoria

Sobre el motivo de que no se hiciera antes, después de que el informe de auditoría por insolvencias en la Hacienda foral correspondiente al ejercicio 2003 y autorizado en 2004 detectara “anomalías de carácter”, Rica, que realizó alegaciones a este informe, ha apuntado que el funcionamiento del fisco guipuzcoano había cambiado y ya “no se podían producir” esas irregularidades.

Según ha indicado, no se detectó que pudiera existir un indicio de delito penal en esas “anomalías” y por ello, a la vista de las alegaciones la dirección de políticas y presupuesto, de la que depende el servicio de auditoría, archivó de forma temporal el informe.