SARAY ENCINOSO* | Santa Cruz de Tenerife
La bandera de las siete estrellas siempre ondea, pero también se cuelan la de la República, la del orgullo gay o la de la Unión Soviética. Lejos han quedado aquellos días en los que una sociedad salía a la calle por una única causa. Hoy se programan manifestaciones a las que puede acudir todo aquel que encuentre un motivo por el que gritar. Se puede estar en contra del Puerto de Granadilla, de las prospecciones petrolíferas, de los recortes en educación y sanidad, de la reforma universitaria de Bolonia, del rescate de Bankia, del colonialismo español y hasta de la gestión europea de la crisis. Uno se puede adherir a todas las causas que desee. No importa si son incompatibles entre sí o no. Lo único que importa es llevar un eslogan ingenioso.
Antes el independentismo se colaba en otras manifestaciones, pero últimamente sus líderes creen que la realidad está de su parte. La crisis está haciendo estragos en los países del sur de Europa, rebajando el nivel de la calidad de vida y recortando el Estado del Bienestar. Los independentistas creen que éste es su momento: quieren canalizar la frustración que está surgiendo por la nefasta gestión europea de la crisis. Están en su derecho. Muchos otros partidos políticos a lo largo y ancho del continente han utilizado la eurofobia para ganar adeptos. Los independentistas canarios piensan que el Archipiélago debería convertirse en un territorio autónomo, con capacidad para gestionar sus recursos y velar por el futuro de sus ciudadanos. Los nacionalistas no van tan lejos, pero casi.
Los independentistas creen que éste es su momento: quieren canalizar la frustración que está surgiendo por la nefasta gestión europea de la crisis. Están en su derecho
Hay varias formas de ser independiente, pero históricamente en Canarias se ha recurrido al discurso del colonialismo español para reclamar autonomía. Se insiste en que el Archipiélago, que geográficamente pertenece al territorio africano, debería ejercer el derecho a la autodeterminación. Este derecho, que quedó recogido en la Declaración sobre la independencia de los países y pueblos coloniales de Naciones Unidas, se redactó quince años después de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Hoy resulta complicado imaginar a los líderes europeos sentados en una mesa repartiéndose el mundo. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Los dirigentes se citaron en la Conferencia de Berlín para dividirse, a escuadra y cartabón, el mapamundi. La colonización ya había empezado antes, lo único que querían era decidir hasta dónde podían llegar unos y otros con sus empresas expansionistas. Es decir, ponerse de acuerdo para ampliar sus imperios sin necesidad de llevar a cabo más guerras de las necesarias. No se imaginaban que llegaría el día en el que todos esos ciudadanos se levantarían y lucharían por sus derechos. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, W. Wilson ya se había dado cuenta de lo peligrosa que era esta situación y pidió a los europeos que terminaran con el sometimiento de África y Asia para poder vivir en paz. Nadie hizo caso y la paz apenas duró.
No era extraño que Wilson estuviera preocupado: a principios del siglo XX, el 90% de África y el 95% de Oceanía estaban bajo el dominio de las potencias europeas. Esta situación no empezó a cambiar hasta que, en la segunda mitad del siglo pasado, los ciudadanos de todos esos territorios decidieron sacrificarse por su independencia. Hay una frase que resume bien este proceso. Se la dijo Sekou Turé, que luego sería presidente de Guinea Conakry, a Charles de Gaulle en 1958: “Guinea prefiere la libertad en la pobreza a la opulencia en la esclavitud”. Estaba en lo cierto. El 98% de los ciudadanos votó sí a la independencia y los franceses se fueron. Eso sí, retiraron todas las ayudas y Guinea Conakry cayó en una espiral de pobreza y corrupción de la que no ha salido.
En la misma época en la que Guinea Conakry accedió a la independencia lo hicieron otros muchos pueblos. Fue durante esos años cuando Antonio Cubillo puso en marcha el MPAIAC y comenzó a poner bombas para exigir la independencia de Canarias. El Che le dijo que optara por la “propaganda armada” y la guerra de las pulgas, y eso fue lo que hizo. En cualquier caso, lo que siempre reclamó Antonio Cubillo fue la descolonización de Canarias. Todavía hoy sigue convencido de que las Islas viven bajo el yugo de la metrópoli y, por eso, en 2010 solicitó nuevamente a Naciones Unidas que Canarias fuera incluida en el Comité de Descolonización.
Su petición no prosperó. El Derecho Internacional no está de parte del líder independentista. Canarias nunca podrá acceder a la independencia con la declaración de Naciones Unidas en la mano porque no cumple ninguno de los requisitos. No puede acceder a la autonomía por ninguna de las dos vías que contempla NNUU: ni alegando el derecho a la autodeterminación (no existe un pueblo diferente y subordinado al que vive en la metrópoli) ni aludiendo a la vulneración de la integridad territorial (éste sí es el caso de Gibraltar, que es una colonia británica en suelo español).
El territorio fue usurpado bajo el derecho de conquista en el siglo XV. La lógica de la época era esa: las relaciones entre pueblos estaban dominadas por la fuerza y unos conquistaban a otros. Pero no puede hablarse de colonia como lo entiende Naciones Unidas porque nunca existió un pueblo canario dominado por el gobierno central. Canarias entró a formar parte del Estado español igual que cualquier otra región. Eso sí, con las dificultades y las ventajas derivadas de la geografía. En esta realidad está el origen de las exenciones fiscales de Canarias, que nacieron con la incorporación de las Islas a la Corona de Castilla (todavía no existía España). Este principio quedó plasmado en el Régimen de Puertos Francos (1952), en la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) aprobada en el franquismo y en la Constitución de 1978, que, en su artículo 138, también se hizo eco de este hecho diferencial y de la necesidad de buscar la equidad. Y desde que España entró en las Comunidades Europeas, Canarias ha tenido un tratamiento diferenciado por ser un territorio ultraperiférico.
Las opciones canarias para reclamar la independencia por la vía de la descolonización tampoco mejoran si tenemos en cuenta la definición de colonia recogida en el Diccionario de la Real Academia Española, que señala que una colonia es un territorio dominado y administrado por una potencia extranjera. Canarias es hoy una comunidad autónoma con plena representación en el Parlamento español, igual que lo es Andalucía, Cataluña o Galicia.
¿Por qué el caso de Gibraltar es diferente al canario?
Gibraltar pertenece al Reino Unido desde 1713 cuando, al término de la Guerra de Secesión española, se firmó el Tratado de Utrecht. Sin entrar en todos los conflictos jurídicos que se han derivado del tratado, según la legislación internacional (que ya sabemos que no siempre se cumple) se trata de un territorio que en tiempos precoloniales perteneció a España y que debe acceder al proceso descolonizador porque vulnera la integridad territorial del Estado español. Pero todas las descolonizaciones no son iguales. Naciones Unidas jamás ha reconocido el derecho a la autodeterminación en Gibraltar porque, igual que en Canarias, no existe un pueblo titular de ese derecho. Lo que sí ha hecho la Asamblea General es emitir varias resoluciones en las que pide que se ponga en marcha la descolonización de Gibraltar por la vía de la reintegración territorial. En otras palabras, ha instado a Reino Unido a devolver el Peñón a España.
Pero como tantas otras resoluciones de la Asamblea General de NNUU, las que tienen que ver con Gibraltar tampoco parece que vayan a servir para mucho. No se trata solo de que Gran Bretaña no quiera desprenderse del Peñón por cuestiones estratégicas, sino de algo más complicado: los gibraltareños no quieren ser españoles. A finales de los años 60, el gobierno británico, que estaba insatisfecho con el curso de los acontecimientos, decidió convocar un referéndum para que los gibraltareños decidieran si querían vivir bajo soberanía española o mantenerse vinculados a Reino Unido. El resultado fue abrumador: 12.138 votos a favor de que la situación siguiera como los tres siglos anteriores frente a 44 en contra, además de 55 votos nulos. Naciones Unidas tardó apenas tres meses en reaccionar y adoptó la Resolución 2353 (XXII), en la que condenaba el referéndum declarándolo contrario a las resoluciones adoptadas por la Asamblea General sobre la descolonización de Gibraltar. Las razones eran claras: Gran Bretaña no podía convocar un referéndum porque no existía el derecho a la autodeterminación.
Hoy, el derecho internacional dice que las aguas territoriales están bajo la soberanía de los estados costeros. Esta afirmación tiene difícil aplicación en el caso de Gibraltar
Para completar las discrepancias entre las dos partes falta observar lo que ocurre con el mar. Hoy, el derecho internacional dice que las aguas territoriales están bajo la soberanía de los estados costeros. Esta afirmación tiene difícil aplicación en el caso de Gibraltar, ya que ese tratado no era el que regía las relaciones entre países cuando España cedió el territorio, por lo que resulta complejo hacer una interpretación unívoca de lo dispuesto en el tratado. Decidir quién tiene la soberanía de las aguas adyacentes al Peñón, teniendo en cuenta lo que se entendía por puerto de Gibraltar cuando se firmó el acuerdo, es una ardua tarea. Una vez más, las interpretaciones han alumbrado dos posiciones enfrentadas. Reino Unido reclama para sí las aguas adyacentes al Peñón en virtud del Derecho Internacional del Mar, que concede a los estados ribereños derechos soberanos sobre las aguas que bañan sus costas. España, por su parte, teniendo como base el propio tratado y lo que en aquella época se consideraba puerto de Gibraltar, niega tajantemente estos derechos a Inglaterra.
Exigencias aparte, lo único cierto es que hoy la soberanía de Gibraltar está en manos británicas. Puede sorprender que siempre surjan los mismos problemas entre dos naciones -España e Inglaterra- que comparten un mismo proyecto: llevan años dentro de la Unión Europea pensando en un futuro común. Gibraltar es una colonia dentro de una Europa que aspira a ser un territorio único, sin fronteras, con ciudadanos con idénticos derechos y oportunidades. La eterna colonia europea resume muy bien el estado actual de las relaciones entre los países europeos. Nadie quiere perder soberanía, aunque la realidad supere las aspiraciones gubernamentales.
Lo que sí tienen en común Canarias y el Peñón es otro asunto. El Estrecho de Gibraltar es un pasillo con un intenso tráfico de petroleros sobre el que no se tiene control. También lo es Canarias. En ambos casos España corre riesgos medioambientales y de seguridad todos los días. Eso, sin embargo, todavía no ha encontrado un lugar destacado en las manifestaciones. Probablemente sea porque nadie se ha inventado un eslogan interesante.