JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
La crisis ha obligado a Canarias a tomar medidas urgentes… y drásticas. Algunas se han puesto en marcha ya, y otras lo harán en los próximos meses. Buena parte de ellas cuentan desde la semana pasada con la aprobación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que dio el visto bueno al Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma 2012-2014.
En el documento, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, además de un recorte de 353,75 millones de euros en las retribuciones de todos los empleados dependientes del Ejecutivo regional y en los servicios prestados en sanidad, educación y justicia, se incluyen una serie de medidas destinadas a la “optimización de los recursos humanos” y la reducción de gastos de servicios contratados en el área de Sanidad”. Una de ellas, que a buen seguro generará polémica, es la “revisión del libre acceso a urgencias”, una medida que hasta ahora ninguna comunidad se había atrevido a plantear.
La decisión del Gobierno autonómico, todavía por desarrollar, no es nueva en el contexto de la Unión Europea (UE), ya que países como Italia y Portugal ya penalizan económicamente a las personas que utilizan el servicio de manera injustificada.
Para el secretario autonómico de Acción Sindical del Sindicato de Enfermería (SATSE) Canarias, Leopoldo Cejas-Fuentes, la posibilidad de cribar el acceso a las urgencias es algo que se viene escuchando desde hace tiempo, pero nunca ha llegado a cristalizar en acciones concretas. “Es necesario optimizar los recursos, y quizá la medida pueda tener buena intención, pero para ello es necesario una mejor educación sanitaria y campañas de información ciudadana, porque de lo contrario puede ser un auténtico despropósito”, agrega Cejas-Fuentes, quien acusa al Ejecutivo de Paulino Rivero de “no contar con los profesionales” y tomar decisiones de manera “arbitraria”.
“Sin negociar”
En la misma línea se manifiesta el vicesecretario del Sindicato Médico (CESM) en Tenerife, Levi Cabrera, quien critica que “no se haya negociado con los agentes sociales y los profesionales”. “Podría generar grandes problemas asistenciales, porque no sabemos qué se pretende conseguir con esta medida, ni qué alternativas se ofrecen”, subraya Cabrera, cuya organización sí estaría dispuesta a “consensuar” una “tasa” o un sistema de “copago” para los “usos injustificados” de las urgencias. “Está por ver si se trata de una medida que tiene afán recaudatorio o si realmente se busca una mejora organizativa”, denota el dirigente del CESM, quien recuerda que existe un Foro de la Profesión Médica en Canarias y una Mesa Sectorial en la que se deberían analizar y debatir cuestiones así, “antes de ponerlas en marcha apresuradamente”.
Además de la revisión del libre acceso a las urgencias, en el documento presentado en Madrid por el Gobierno canario también se explicita la necesidad de “controlar el derecho de la atención sanitaria gratuita a inmigrantes y turistas no comunitarios”, así como la “modificación de la Ley de Ordenación Sanitaria para la determinación del domicilio habitual en población no protegida”.