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Con la Iglesia hemos topado > Mario Santana

Algunos sectores han pedido al Gobierno que la Iglesia católica pague el IBI. La corriente viene de Italia, donde al parecer la Iglesia sí tiene que pagar ese impuesto. La cosa no es tan fácil. En 1994 y en 2002, tanto el PSOE como el PP aprobaron leyes que sirven de sustento a la exención. Y en cualquier caso, los ayuntamientos tienen mucho que decir, en tanto que titulares del impuesto. Paga el impuesto quien tiene propiedades. Y es que la Iglesia católica tiene muchas propiedades en España. Y además inscritas en el Registro de la Propiedad.

La regulación de este Registro se encuentra en la Ley Hipotecaria (LH) y su Reglamento (RLH). Su objeto viene definido en el artículo 1 de la LH como “la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles”, diciendo el artículo 38 de la LH que “se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular”.

Como ya habrá usted observado, se trata de que la “realidad material” coincida con la “realidad registral”. La vocación por tanto del Registro es tomar constancia de la historia de la propiedad y de todas las personas que han sido sus titulares; es decir, de todos los eslabones de la cadena. Pero, como todo en la vida, alguna vez tuvo que ser la primera. Esa primera inscripción de una propiedad en el Registro se llama inmatriculación.

Dice al respecto el artículo 199 de la LH que la inmatriculación de fincas que no estén inscritas a favor de persona alguna se practicará mediante un procedimiento judicial denominado expediente de dominio, o mediante una escritura pública completada por acta de notoriedad, todo lo cual es competencia de los notarios. O mediante el certificado a que se refiere el artículo 206, y del que luego trataré. Cuando de un particular se trata, para inscribir una propiedad que no haya accedido al Registro con anterioridad tendrá por tanto dos opciones: bien acudir al juzgado y demostrar al juez que efectivamente es el dueño de la propiedad, o bien hacer constar es escritura pública que es el dueño, y además el notario tendrá que reflejar qué circunstancias notorias indican que efectivamente es el dueño.

Pero no ocurre igual si se trata de una Administración pública o de la Iglesia católica. En tales supuestos establece el artículo 206 de la LH que “podrán inscribir el -dominio- de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de éstos”.

Es decir, que no tendrán que demostrar que son los dueños ante el juez ni ante notario. Basta que el funcionario así lo certifique para que inscriba la propiedad a nombre de la correspondiente Administración o Iglesia. Tratándose de esta última, dice el artículo 304 del RLH que las certificaciones serán expedidas por los diocesanos respectivos. Pero esta situación no ha sido siempre así. Hasta 1998, decía el artículo 5 del RLH que quedaban exceptuados de inscripción registral los bienes de dominio público y “los templos destinados al culto católico”. Sin embargo, el Real Decreto 1867/1998 da una nueva redacción al referido artículo, que, desde entonces, dice: “Los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción, conforme a su legislación especial.”

Y a partir de ahí tonto el último. A certificar, que es gratis, y a inmatricular que queda muy fino. Claro que a ver cómo se delimita una propiedad que un conde entregó a un pueblo o a la Iglesia católica en agradecimiento de determinados servicios allá por el 1500. O si la plaza colindante pertenece o no a la propiedad. Pues eso, que una hectárea aquí y otra allá. Y ante la duda, certifico. Ahora bien, los bienes de las administraciones públicas son de los ciudadanos, mientras que los de la Iglesia no son de los ciudadanos. Ni tan siquiera de los feligreses. Cuestión de matices.

*Letrado
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