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Contradicciones > María Vacas Sentís

Leo que “la CEOE de Tenerife propone una reducción del personal del sector público y de los empleados del sistema educativo que no sean necesarios”. Los empresarios opinan que el incremento del tipo general del IGIC supondrá un golpe para las empresas de alojamiento turístico, repercutiendo en la facturación y en el empleo. Traducido: los empresarios prefieren que el Gobierno canario eche a la calle a trabajadores públicos en lugar de pagar más impuestos, porque -dicen- las subidas impositivas llevarán a la pérdida de empleos en el sector privado.

Su propuesta se disfraza de responsabilidad social (ellos siempre tan dispuestos a velar por los intereses colectivos), y mediante una burda maniobra vinculan el mantenimiento del empleo público y la subida de tasas, con la pérdida de empleo en el sector privado, jugando a confrontar a ambos sectores. Pero obvian en sus tendenciosos informes que las cargas fiscales que sobre ellos recaen han venido decreciendo en los últimos años por la sistemática reducción del impuesto de sociedades o del impuesto de la renta, sin entrar a hablar del 90% de los beneficios exentos de impuestos que la Reserva de Inversiones (RIC) les permite detraer -en teoría- para inversiones productivas; hasta el año 2010 más de 20.000 millones de euros se habían acogido a este incentivo fiscal. La realidad es que esos mismos empresarios tan solidarios llevan desde la aprobación de la reforma laboral rescindiendo contratos a toda pastilla a miles de trabajadores, pese al notable incremento de turistas y de beneficios de los últimos meses, exprimiendo hasta el extremo a los sobrevivientes a la quema, mostrando de una inquietante manera su preocupación por el empleo del sector privado. Y todo esto mucho antes de la subida del IGIC.

Leo también que el Gobierno canario se empecina en la reducción salarial a los trabajadores públicos como vía de cuadrar cuentas y de evitar despidos ante los trapaceros recortes presupuestarios del Partido Popular. Lo cierto es que el poder adquisitivo de los empleados públicos ha caído un veinte por ciento sólo en los últimos tres años; y que Canarias no supera la media estatal de empleados públicos, siendo una de las comunidades autónomas donde menos ha crecido su número. Las constantes reducciones de gasto público y de personal deterioran de forma notable la calidad de los servicios. Ante ello, los sindicatos han propuesto alternativas para incrementar ingresos y reducir gastos, y evitar así que los sacrificios recaigan siempre sobre los mismos, como rescatar el impuesto de sucesiones para patrimonios elevados o replantearse la dadivosa RIC. O eliminar el pago de las licencias de software que la Administración soporta, o aprovechar los servicios de informática existentes, recurriendo a personal propio para realizar muchos de los trabajos encargados hoy a empresas privadas, y así limitar la externalización de servicios. Pero basta con echar un vistazo al BOC para comprender que el Gobierno prefiere recortar en salarios públicos antes que en aplicativos informáticos privados. En tres anuncios, sólo en mayo, se publican contratos por más de 500.000 euros en licencias, soportes y herramientas tecnológicas varias. ¡Todo sea por la modernización!

mvacsen@hotmail.com