EUGENIA PAIZ | Breña Alta

Un total de 15 ancianos permanecen abandonados, con el único amparo del Servicio Canario de Salud, en la planta cero del Hospital General de La Palma. Esta es la cifra oficial dada a conocer por el Área de Salud de La Palma en la reciente reunión convocada por la Consejería de Bienestar Social del Cabido palmero a petición de la La Federación de Personas Mayores de La Palma.

Los responsables al frente de la entidad, que agrupa a las 14 asociaciones de ancianos de la Isla, se mostraron “escandalizados” por la “actitud irresponsable de las familias”. Al mismo tiempo demandan “conocer si se han producido fallos de coordinación y comunicación por parte de los servicios sociales municipales a la hora de dar respuesta a la situación de precariedad de algunas de estas familias”.

En la reunión, presidida por la consejera de Bienestar Social del Cabildo, y a la que acudieron numerosos técnicos y concejales, así como varios directores de las residencias de ancianos de la Isla, se mantuvo un ambiente de tensión determinado por la demanda de “información precisa” por parte de los responsables de la Federación de Mayores.

El Cabildo insular, con competencias transferidas en materia social, hizo meses atrás un llamamiento a la responsabilidad de las familias para evitar una forma de proceder, que, lejos de tener fin, ha ido en aumento.

El problema, mientras tanto, lo asume sin ningún tipo de contraprestación, el hospital palmero.

Esta situación de abandono, algunos desde hace varios años, es conocida por el entorno social de las familias, “algunas con recursos suficientes y además cobrando la pensión de sus mayores mientras ellos están ingresados en el Hospital”.

En otros casos, los ancianos pertenecen a núcleos familiares desestructurados y con escasos recursos económicos.

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Dignidad y derechos fundamentales

Los ancianos que más preocupan a la Federación de Mayores de La Palma son aquellos víctimas de una situación familiar complicada y sin posibilidad de respuesta. Entienden que “los servicios sociales de los correspondientes ayuntamientos deben haber conocido lo que podía ocurrir e intentar dar respuesta” porque “sus familias les han privado de dignidad, del bienestar en su propio hogar y de sus derechos fundamentales. Son personas mayores que se ven obligadas a permanecer en el hospital, al que agradecemos lo que hace”. En varios casos, los facultativos han tenido que atender a estos ancianos por cuadros emocionales de depresión.

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