YAZMINA ROZAS | Santa Cruz de Tenerife
El plan de ajuste económico y financiero de Canarias fue aprobado ayer por unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), dirigido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Todas las autonomías, salvo Asturias, superaron el primer examen para el cumplimiento del déficit del 1,5% al final de año. Ahora quedan seis meses para ejecutar este objetivo. Un fin complicado que reconoció el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero.
El documento contiene las propuestas del Gobierno canario para aumentar los impuestos y recortar los gastos y los sueldos de los empleados públicos, equivalente a los 800 millones de euros que los presupuestos estatales han recortado al Archipiélago.
El consejero regional de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González, calificó el plan de “muy duro pero irremediable” ya que, en caso de incumplimiento, las Islas se enfrentarán a graves sanciones y a una intervención de sus cuentas públicas.
González mostró su rechazo al tratamiento recibido por el Archipiélago, ya que se sitúa entre las primeras autonomías en cumplimiento de déficit, contención de deuda pública y menor endeudamiento con sus proveedores. Canarias es la tercera región con el mayor volumen de recorte de fondos del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
González informó que, en el CPFF, la mayoría de las autonomías presentaron medidas de ahorro adoptadas, desde hace años, en Canarias. Recordó que, desde el inicio de la crisis, la Comunidad Autónoma ha reducido el gasto en unos 2.300 millones de euros.
El plan aprobado prevé la recaudación de 250 millones de euros con la subida de los impuestos, que entrarán en vigor el próximo mes de julio. El grueso del ajuste recae en los 550 millones de euros de los gastos. Horas antes de conocer el resultado del CPFF, Martín Marrero, al término del Consejo de Gobierno, apuntó que, lo importante, es que “se haga realidad” el mencionado plan . Recordó que tiene la “complejidad añadida” de que solo se podrá aplicar en el segundo semestre por la demora de los presupuestos estatales.
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Hacienda retrasa la mejora de la financiación
Durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el consejero regional de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González, reiteró una vez más la petición de la Comunidad Autónoma de modificar el actual sistema de financiación autonómica por estar “perjudicando gravemente” los servicios públicos esenciales de las Islas, es decir, la educación, la sanidad y los servicios sociales.
El consejero canario lamentó la postura del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro al informar de que no se procederá, en breve, a ese cambio a pesar de haberse comprometido con anterioridad a la creación de un grupo de trabajo para evaluar la mejora del sistema.
A este respecto, Javier González recordó que las partidas del Estado para la sanidad, la educación y los servicios sociales ya registran un descenso de 453 millones de euros durante 2012 en relación con el año anterior.
Los canarios, denunció González, “no podemos continuar con más” recortes del Gobierno de España en los servicios públicos esenciales cuando además “ya somos los peor financiados”. Javier González agregó que estos servicios le cuestan a la Comunidad Autónoma unos 4.600 millones de euros, lo que representa el 70% del total del presupuesto canario para el ejercicio económico actual, mientras que el Estado solo ingresa, a través del sistema de financiación autonómica, unos 3.200 millones de euros para su sostenimiento.
Este nuevo contratiempo es uno de los asuntos que el presidente canario, Paulino Rivero, puede exponer al jefe del Ejecutivo estatal del Partido Popular, Mariano Rajoy, en la reunión que mantendrán el próximo martes en La Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno central. Por otra parte y sobre el sistema establecido por Madrid para el pago a los proveedores, el consejero González solicitó el establecimiento de un mecanismo que no perjudique a autonomías que, como la canaria, “no solo han venido pagando sus facturas en plazos razonables sino que mantiene uno de los más bajos” volúmenes de deuda.
A diferencia del criterio actual, por el que se prima a las regiones que abonan sus facturas con mayor retraso, González solicitó en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que, por el contrario, el Ejecutivo estatal priorice, en el acceso a esta línea de financiación, a las regiones que mejor comportamiento han tenido en este ámbito.
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