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Deriva autoritaria > Francisco Pomares

Sólo dos semanas después de entrar en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite al Gobierno intervenir en las comunidades autónomas, Hacienda amenaza con tomar el control de Asturias si su Gobierno no presenta inmediatamente el plan de ajuste. La mayoría de los ciudadanos aplaudiría que Hacienda actúe contra una región que se niegue a sacar adelante el plan de ajuste, pero esto es distinto: en Asturias continúan las negociaciones para montar Gobierno, tras los resultados electorales, que castigaron a Álvarez Cascos e impiden la reedición de un acuerdo entre el PP y el actual partido de quien fuera número dos de Aznar. Hacienda no dijo ni pío sobre intervenir Asturias mientras la situación en el Principado -pendiente de negociación política- mantenía la expectativa de que el PP entrara en el Gobierno, y eso a pesar de que la desviación presupuestaria fue en 2011 del 3,64 por ciento, dos puntos y medio por encima de lo que exige Bruselas. Montoro guardó un discreto silencio antes, y amenaza ahora que el PP no formará parte de la nueva Administración. Puede ser una casualidad, como puede serlo que Rajoy esperara a que pasaran las elecciones andaluzas para presentar sus presupuestos del recorte y sus medidas más duras, o como también puede ser casual que Galicia, Cataluña y el País Vasco -donde hay elecciones en los próximos meses- estén siendo mejor tratadas en la inversión pública estatal que -por ejemplo- Canarias.

Son posibilidades, pero tras la intervención de Bankia, y atendiendo a la absoluta inexistencia de explicaciones del Gobierno ante la nacionalización del gigantesco agujero, parece que a Rajoy le tienta instalarse en una cierta deriva autoritaria, una forma de gobernar sin explicar las decisiones que adopta a los ciudadanos, actuando en base a criterios de puro interés partidario, y utilizando el poder coercitivo del Estado con demasiada ligereza.

El mismo desalojo por la policía de un centenar de jóvenes del 15-M que aún permanecían el sábado a las cinco de la madrugada en la Plaza Mayor de Madrid, y de pequeños grupos en Cádiz, Valencia y Palma de Mallorca, demuestra un talante autoritario, manifestado aquí probablemente para consumo interior del propio Gobierno, que había asegurado que no toleraría manifestantes más allá de las diez de la noche. El Gobierno se equivoca con estos gestos: debería preocuparse más de dar respuestas a los jóvenes que se manifiestan en las calles y las plazas de España que de sacarlos de ellas a palos.