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Desarticulan una trama que estafó 1,8 millones a bancos y organismos públicos

EFE | Valladolid

La Guardia Civil ha detenido a una persona y ha imputado a otra por una supuesta trama que habría conseguir estafar más de 1,8 millones de euros a entidades financieras y a organismos públicos en cuatro provincias de Castilla y León.

Según ha informado hoy la Guardia Civil en un comunicado, efectivos del Instituto armado en Valladolid han detenido a M.G.G., de 35 años y vecina de Palencia, y han imputado a J.A.G.I., de 70 y vecino también de Palencia, como supuestos autores de ochos delitos de falsificación y doce de estafa.

De este modo, la Guardia Civil en Valladolid ha culminado la operación “Garrotazo”, con “la desarticulación total de una trama que actuó en las provincias de Valladolid, Palencia, León y Burgos”.

La operación se inició a principios del pasado abril, cuando la Fiscalía de Valladolid acordó que se incoaran diligencias tras una denuncia por supuesta falsificación de varias facturas emitidas a un ayuntamiento de una localidad próxima a Valladolid, según ha explicado la Guardia Civil.

Las investigaciones se ha centrado en identificar “a la persona encargada de realizar todos los tramites burocráticos, relacionada con una empresa de obra pública y construcción de Palencia”, de la que era apoderada.

Las víctimas de las estafas han sido también ayuntamientos de las provincias de León y de Burgos, un organismo público y cuatro entidades bancarias, según los datos facilitados por la Guardia Civil.

El ayuntamiento de la provincia de Valladolid afectado había recibido tres facturas supuestamente falsificadas, emitidas por una empresa de obras públicas, por trabajos que el consistorio no había realizado, aunque estaba cobradas en tres entidades bancarias diferentes de Palencia.

La Guardia Civil ha tomado declaración a directores de sucursales bancarias y a víctimas de las supuestas estafas, tras lo que ha descubierto “como a las entidades bancarias les habían endosado numerosas facturas falsificadas por obras no realizadas”.

“O siendo alguna obra realizada, las habían cobrado hasta en tres ocasiones en distintas entidades, hasta un total de 1.840.212 euros, a nombre de ayuntamientos de Valladolid, Burgos y León y del organismo público”, ha relatado el Instituto armado.