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Deuda privada, el gran problema > Román Rodríguez

Pese a la intensa labor propagandística responsabilizando al sector público de la crisis, se visualiza cada vez más lo que muchos decíamos desde hace años: el origen ha sido financiero y el problema está en los bancos, la masiva deuda privada y la recesión económica. Por mucho que se empeñen los voceros del neoliberalismo en señalarlos de forma injusta, ni los funcionarios ni los servicios públicos son los culpables de la presente y dramática situación. Como he reiterado, el déficit público y la deuda no han sido la causa de la crisis. Esta viene provocada por la desregulación del sistema financiero y sus pésimas prácticas. El déficit en gran parte lo ha generado la crisis al producir una brutal caída de los ingresos y, también, un aumento del gasto para poder llevar a cabo el rescate bancario, pagar los intereses de la especulativa deuda soberana e ineludibles gastos sociales. Y los ajustes fiscales salvajes que vienen llevando a cabo han deprimido aún más la economía con la consecuencia de más déficit y más paro.

Ha quedado confirmado una vez más con la nacionalización parcial de Bankia: uno de los problemas económicos más graves de España está en la situación que atraviesan sus instituciones financieras, lastradas por el ladrillo y por el endeudamiento de familias y empresas. Y las recetas que se aplican son difíciles de entender por una ciudadanía que ve como el Gobierno de Rajoy elimina prestaciones sanitarias y educativas, sube impuestos, reduce la capacidad adquisitiva del conjunto de la población, afectando a los sectores más débiles, como jubilados o desempleados, al tiempo que sí dispone de dinero para salvar bancos en situación ruinosa. Socializan las pérdidas y privatizan los servicios. Hay que decirlo de forma clara: es la enorme deuda privada el gran problema y no la pública, situada por debajo de la de otros países de nuestro entorno. La deuda pública española, del 68,5% a 31 de diciembre de 2011, es notablemente inferior a la de Alemania (81,2%,) Francia (85,8%) e Italia (el 120,1%), según los últimos datos aportados por Eurostat. EE.UU. supera el 110% y Japón el 200%. La de España estaba situada, en ese momento, un 21% por debajo de la media de la Eurozona, que alcanzaba el 87,4%. La deuda privada es la suma de la deuda de los hogares, 82% del PIB, las sociedades no financieras (empresas), 134%, y las instituciones financieras, 102%, es decir supone el 318% del PIB español, 4,7 veces más que la pública que es, como decía, del 68,5%.

Los bancos, de manera poco responsable, se metieron hasta el fondo en la burbuja inmobiliaria fomentada por los gobiernos de Aznar y continuado por los de Zapatero, en la década 97-2007, que es verdad que generó riqueza a corto plazo pero, por su fragilidad y por su carácter ficticio y económicamente insostenible, también cimentó sólidamente las condiciones para un terrible futuro de recesión y desempleo. De aquellos polvos de crecimiento acelerado sustentado en la edificación sin límites y la pura especulación, los pelotazos y la corrupción, estos lodos de derrumbe económico y de pérdida de millones de puestos de trabajo.

Burbuja inmobiliaria

Los bancos prestaron mucho y sin medir los riesgos, y ahora, con buena parte de las empresas de construcción arruinadas o desaparecidas, con casi seis millones de parados, con significativas reducciones salariales (tanto en el sector privado como en el público) y con mucha gente en situación de pobreza, serán cada día más los que no puedan hacer frente a los préstamos y a las hipotecas. Consecuencia de esa implicación en la burbuja, los bancos españoles tienen ahora suelo y pisos a mansalva: más de 184.000 millones de euros en activos problemáticos y el resto, hasta 310.000, en créditos a la promoción de vivienda. Eso deja más que debilitados sus balances. Y los sumerge en un estado de inseguridad y de falta de confianza, así como de dificultades para refinanciarse. Todo ese dislate se hizo con el visto bueno de organismos internacionales, agencias de calificación, gobiernos, bancos reguladores (el Banco de España, en nuestro caso) y la CNMV, y superando las entidades las pruebas de stress a las que fueron sometidas.

En los últimos años hemos vivido un proceso acelerado que pretendía ordenar un sector muy tocado. Proceso del que forman parte el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros. Un proceso de reordenación del sistema bancario español, que no tenía ni mucho menos la fortaleza de la que algunos presumieron, la instauración del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la inyección multimillonaria, mediante préstamos y avales, a los bancos. Ya se han inyectado más de 115.000 millones en avales y ayudas a los bancos, con el PSOE; se les obligó en febrero a provisionar 54.000 millones de fondos propios para los activos problemáticos y ahora lo han ampliado a los créditos inmobiliarios no problemáticos, en torno a 30.000 millones más. Siendo esta la segunda reforma financiera de la era PP en apenas 120 días al frente del Gobierno.

El problema es que con una economía en recesión y el enorme paro, el riesgo no es solo del ladrillo, sino de multitud de empresas y particulares que están o estarán en situación de morosidad en otro tipo de créditos, entre ellos las hipotecas. Muchos no podrán pagar nunca. Y, por ello, las actuales medidas son parciales e insuficientes, y seguramente se planteará la necesidad de nuevas provisiones en relación con el resto de los créditos.

FROB

En el caso de Bankia (comandada por Caja Madrid y Bancaja, y en la que también se integró la Caja Insular de Ahorros) ha recibido más de 28.500 millones de euros en avales y otros 4.665 procedentes del FROB, además de 40.000 en créditos blandos (al 1% de interés) del Banco Central Europeo (BCE), en la denominada barra libre financiera a la que no pudieron acudir ni empresas ni ciudadanos. Ahora, ante el peligro de derrumbe de la cuarta institución financiera española (tras de La Caixa, Santander y BBVA), el Estado entra en Bankia, con una nacionalización de facto, que supone que la ciudadanía asuma, una vez más, las pérdidas, porque es el dinero público el que salvará a la entidad; y que, una vez saneadas sus cuentas, volverá a ser privatizada.

No ha sido la primera, antes hubo intervención estatal en Caja Castilla La Mancha, Cajasur, Caja del Mediterráneo (CAM), Unnim, Catalunyacaixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia. Ni nadie puede garantizar que será la última, pues Bankia solamente representa una sexta parte de los activos tóxicos inmobiliarios de la banca española. Intervenciones y nacionalizaciones, préstamos y avales, que antes se produjeron en EE.UU., Reino Unido o Bélgica y que aquí, con toda probabilidad, llegan tarde. Este es el problema más grave, aunque se haya demonizado injustamente al sector público, cuando ha sido el neoliberalismo salvaje el que nos ha llevado a esta crisis, que ha destruido más de 50 millones de empleos.

*Diputado en el Parlamento Autónomo y presidente de Nueva Canarias