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Droga legal o ilegal, cigarro o porro > Sergio García Cruz

Con la crisis, también cambia la forma de fumar, al menos de fumar las drogas legales, recurriéndose al tabaco de liar. Pero, debido a la similitud entre la preparación de un cigarro y la de un porro, hacerlo en un lugar público puede acarrear más de un problema al fumador, aparte del rechazo social al que se verá sometido, ya que el consumo de éstos está considerado como una conducta antisocial.

La situación, por tanto, puede propiciar la intervención policial para determinar con criterios objetivos que no se está ante una posible infracción recogida en el artículo 25.1 de la LOPSC 1/1992, de 21 de febrero, según la cual “constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas […]”. Ante esta situación, la policía deberá cumplir el artículo 28.2 de dicha ley orgánica, que dice: “Las infracciones previstas en el artículo 25 podrán ser sancionadas, […] procediéndose desde luego a la incautación de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”.

La denuncia de los agentes no equivale, sin embargo, a la incoación del expediente: hay un período de información previa para abrir un expediente o no abrirlo por falta de elementos, siendo obligación de las autoridades competentes cerciorarse de si la droga ante la que nos encontramos es legal o ilegal. Para ello, la sustancia requisada es entregada las pependencias de Sanidad correspondientes para su control, custodia, análisis y destrucción de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El ciudadano no puede ser considerado responsable de una infracción administrativa hasta que haya concluido el expediente con una resolución sancionadora.

Por tanto, no es suficiente la denuncia de los agentes. Se debe incautar la presunta sustancia tóxica, para la práctica del análisis químico, con objeto de acreditar que realmente se trata de las denominadas prohibidas y hacerse en la denuncia la descripción de la misma, explicando las razones que se tienen en cuenta para llegar a tal conclusión, teniendo la administración sancionadora la carga de probar los hechos de cargo de la conducta infractora.

Por último, si ya la resolución de sanción es firme en la vía administrativa, lo más conveniente es someterse al tratamiento de deshabituación, no ya solo por el hecho de que se suspenda la sanción, sino por el bien que supondrá para nuestra salud y entorno desprendernos de este tipo de sustancias. Sin embargo, solo el 7 % de los sancionados se somete al tratamiento, que debe realizarse en los centros o servicios que estén debidamente acreditados.

En cuanto al perfil del consumidor sancionado, la mayoría son hombres con edades comprendidas entre los 18 años y los 35. Los sancionados menores de edad están en torno al 10%, debiéndose comunicar a sus padres o tutores los hechos desde un primer momento. Hay, incluso, ayuntamientos que van más allá, y junto a esta notificación ofrecen ayuda y asesoramiento a los familiares siempre en beneficio del menor.

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