DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
El pleno del Consejo Económico y Social (CES) aprobó ayer por unanimidad el dictamen sobre el anteproyecto de Medidas Administrativas y Fiscales, tras un intenso debate a propósito del impacto de la subida de impuestos que plantea el Gobierno de Canarias.
Para llegar a este consenso fue preciso limar asperezas, de manera que se han suavizado algunos aspectos del proyecto enviado esta semana por la comisión permanente de Desarrollo Regional y Planificación Económica. En ese texto se hablaba incluso de inconstitucionalidad.
Aunque, a título particular, tanto empresarios como sindicalistas coinciden en censurar la avalancha impositiva, los representantes de la patronal se mostraron más contundentes y rechazaron lo que denominaron “castigo” del Ejecutivo a las empresas y a los consumidores. Así se expresaron Fernando Fraile y Cristóbal García tras una rueda de prensa junto al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE-CEOE), Sebastián Grisaleña.
Los empresarios escenificaron su “gran preocupación” en relación al anteproyecto porque, en su opinión, solo contribuirá a disparar la tasa de paro de Canarias, superior al 30%, y a retraer el consumo. La patronal de la provincia de Las Palmas advirtió de que estas medidas harán caer la recaudación.
En la línea con lo manifestado por las fuentes sindicales consultadas, Fraile y García resaltaron que determinadas medidas suscitan serias dudas en cuanto a su encaje en el ordenamiento jurídico español. En este sentido, confirmaron que la CEOE dará cobertura a los recursos que presenten, por ejemplo, las grandes superficies comerciales.
En lo que respecta al personal de la Administración autonómica, el CES transmite su malestar por el hecho de que el Gobierno no haya abierto un proceso de negociación.
Si bien no se discute la necesidad de establecer un marco que permita la eficaz consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria, la reducción del déficit y la mejora de la sostenibilidad fiscal, el dictamen preceptivo subraya que la regulación en el ámbito de los recursos humanos debería haberse incluido en el anteproyecto de ley de Medidas Administrativas y Fiscales después de un proceso de diálogo en las mesas generales y sectoriales, así como en los órganos específicos de la función pública.
El consejero de CC.OO. Pedro Costeras puso de relieve su convencimiento de que adoptar este tipo de actuaciones sin una negociación previa vulnera la legalidad. Al respecto, el CES plasma su “preocupación” y “sorpresa” en lo que concierne a la rebaja de las retribuciones de los empleados públicos, al entender que se produce una deslegitimación de facto de la representación de los trabajadores.
Los elementos formales adquieren en esta ocasión una mayor importancia, habida cuenta de que es una modificación de calado de los presupuestos.