DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Consejo Económico y Social (CES) prepara un informe demoledor sobre el anteproyecto de la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales. Aparte de censurar el procedimiento, que algunos miembros del órgano asesor llegan a calificar de chapucero, tachan de “absolutamente inmoral” la subida del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en el tipo que pasaría del 2% al 3% y que afecta a los productos básicos de la cesta de la compra. “Es lo que tiene un efecto más negativo y lo que más repudio nos merece”, revelaron ayer fuentes del CES.

En el debate parcial sobre el dictamen, cuya aprobación se ha retrasado hasta el próximo miércoles, se ha deslizado una opinión generalizada de desprecio. “Ahí están los productos básicos de la cesta de la compra”, insistieron. “No hay ningún artículo de lujo. Todo es de estricta necesidad para gente sin ningún ingreso familiar”.

En el título dedicado a los tributos derivados el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), el texto objeto de análisis regula de manera sistemática los gavámenes del IGIC, frente al tratamiento “disperso” actual. Así, el tipo general se eleva del 5% al 7%; el reducido, del 2% al 3%, y los incrementados, del 9% al 9,5% y del 13% al 13,4%.

Se incorporan al tipo reducido los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial, así como los funerarios.

En las operaciones sujetas al tipo cero tributarán las entregas de bienes y prestaciones de servicios con destino a la investigación en astrofísica y las que lo sean con destino a los centros de control y estaciones de seguimiento de satélites, “como medida de impulso y apoyo a tales actividades”.

Mientras, la parte administrativa de la ley recoge tanto las supresiones como la reestructuración de los organismos y las funciones de organismos públicos de la Comunidad Autónoma. El primer capítulo se refiere a la racionalización y distribución de efectivos. Para los alrededor de 62.000 empleados públicos de la Administración autonómica se ha previsto una reducción salarial del 5% en el cómputo anual.

En el CES no están precisamente contentos con el método elegido por el Gobierno de Paulino Rivero (CC-PNC-CCN-PSOE). En el dictamen preceptivo pero no vinculante emitido el 12 de abril, antes de que el anteproyecto fuera retocado para incorporar más ajustes, el Consejo ya criticó las “premuras”.

Ahora, el malestar es aún mayor. “Pretender que informemos en una semana de materias contenidas en 154 páginas es una falta de respeto”, denunciaron las fuentes consultadas. “Que el plazo se haya alargado tres días [en un principio se esperaba que el pleno del CES se reuniera hoy] no arregla gran cosa”, arguyeron. De ahí que sus integrantes se inclinen por no contestar cuestiones concretas. “Es que no hay tiempo”, resaltaron. El Consejo Económico y Social considera que cada una de las más de 60 medidas propuestas en el anteproyecto requeriría un informe diferenciado.

En estas circunstancias, predomina el criterio de que la técnica legislativa utilizada es un “disparate”, que lo que hace es “crear confusión e indefensión”, cuando de lo que se trata es de “generar estabilidad y credibilidad”. A su entender, “esto es un lío que va en la dirección contraria”. El CES observa que el documento que está estudiando “prácticamente” no establece ningún precepto legislativo, sino que se dedica a encadenar derogaciones. “Esto es un rompecabezas que no hay quien encaje sin volverse loco”, han comentado en privado.

Otro punto de fricción con el Ejecutivo es que, desde el punto de vista del CES, las leyes de acompañamiento a los presupuestos conllevan un blindaje jurídico distinto. Con esta fórmula, argumentaron, “se cercenan derechos ciudadanos y se reduce la capacidad de defensa de los intereses por la vía judicial”.

Entretanto, el Ejecutivo justifica las prisas en la urgencia de garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales.

Paralelamente, los sindicatos interpretan que se ha suplantado el diálogo social. “Este anteproyecto constituye el núcleo de lo que debería ser la concertación”, manifestaron portavoces de las centrales.