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El CES ve dudas jurídicas en las medidas tributarias de Rivero

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

En el Consejo Económico y Social (CES) circula la sospecha de que existen “dudas legales” en algunas de las medidas tributarias planteadas por el Gobierno de Paulino Rivero para ajustar el déficit público.
A la espera de que el pleno apruebe el informe preceptivo, los representantes sindicales y empresariales presentes en el CES coinciden en que el anteproyecto de Medidas Administrativas y de Modificación de Normas Tributarias es un disparate en su forma y alertan del peligro de que la economía de Canarias se vea seriamente resentida.

En este contexto, impuestos como el que implica a las grandes superficies comerciales y el que se aplicaría a los tendidos eléctricos son materia de controversia. A título individual, miembros de la institución que preside Fernando Redondo han dibujado un panorama sombrío y lanzando opiniones poco condescendientes con el Ejecutivo.

Aunque el criterio de los sindicatos y de las patronales difieren en aspectos concretos, ambos sectores han llegado a la conclusión de que es un grave error castigar el consumo cuando de lo que se trata es precisamente de estimularlo.

Mientras las patronales han puesto el acento en el perjuicio para los establecimientos comerciales, fuentes sindicales tacharon ayer de “broma” que se obligue a las compañías eléctricas a llegar a sitios que no les van a reportar ninguna rentabilidad económica y que cada mes tengan que pagar por hacerlo. “Es una pasada”, apostillaron.

Paralelamente, el colectivo de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma, cuyo salario está previsto que se recorte en un 5%, entregará a Rivero su alternativa a las propuestas oficiales de ajuste. Una de ellas consiste en suprimir 50.550.380 euros para el ejercicio de 2012 en concepto de gastos superfluos. Además, se plantea la eliminación de 579.600 euros en publicidad y propaganda y 501.459 en el presupuesto del Día de Canarias. Los empleados autonómicos creen, asimismo, que sería oportuno el cierre de empresas públicas -sobre todo, las deficitarias que carecen de función social, y de las fundaciones. Del mismo modo, sugieren la reducción de gastos del Parlamento canario (25.770.325 euros). A su juicio, es indecente cobrar por estar en las comisiones cuando sus señorías ya perciben una nómina por su condición de diputados. Los empleados públicos piden, en definitiva, que se reconozca la capacidad y la categoría del personal de la Administración.

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Los agentes sociales pretenden que el Ejecutivo abra un proceso de diálogo

El CES prefería que las medidas de ajuste presupuestario se hubiesen debatido en el marco de la concertación antes de que el anteproyecto llegara a este organismo. Las fuentes del CES consultadas ayer se mostraron muy contrariadas por el hecho de que el Gobierno se haya propuesto sustituir el diálogo social por el debate en el seno de este organismo de carácter consultivo que canaliza la participación de los agentes sociales y económicos en las políticas de la Comunidad Autónoma.

“No es de recibo criticar al Gobierno central por hurtar la negociación y luego tomar en Canarias unas decisiones tan drásticas sin ni siquiera explicarlas a su interlocutores habituales”, censuró un dirigente sindical. “Esta no es una situación normal ni estamos ante una ley cualquiera”, argumentó. “Son medidas excepcionales que requieren fórmulas imaginativas y fuera de lo común”, resaltó. De ahí que las centrales emplacen al Ejecutivo a la apertura de un proceso de diálogo durante el tiempo que tarde en tramitarse el proyecto de ley en el Parlamento. “Estamos dispuestos a ceder posiciones si vemos que la otra parte también renuncia”, avanzó.

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