DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife exige que se refuercen las políticas de bienestar social en Canarias y alerta del deterioro del sistema público de servicios sociales, que se encuentra en una situación “crítica”.
En una nota de prensa, la presidenta de esta entidad, Belén Luis, asegura que “la crisis económica ha hecho que en los últimos años aumente la demanda de atención por parte de los ciudadanos en un 40% , y este incremento de usuarios está ocasionando el colapso de los recursos humanos y materiales”.
El Colegio Oficial de Trabajo Social señala que los datos “dibujan claramente la emergencia social que soporta el Archipiélago”, donde una de cada tres personas viven en condiciones de pobreza y la tasa de desempleo supera el 31%.
A su juicio, esta realidad no se plasma en la inversión que se destinan en la comunidad autónoma a los servicios sociales. “De hecho, el gasto en las Islas por habitante y año es de 155,7 euros, cifra muy inferior a la media estatal, que se sitúa en 280 euros”, se remarca en la nota.
“Estos datos revelan un grave nivel de desigualdad, por lo que el Colegio de Trabajo Social augura un notable aumento de desestructuración social y marginalidad, puesto que desde las administraciones públicas no se está dando una respuesta adecuada a la gravedad de la situación; por el contrario, se están aplicando unos recortes presupuestarios que merman equipos profesionales y medios materiales para mantener la ya debilitada cohesión social”, comenta Luis. Estas circunstancias han llevado al Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, junto al Colegio de Diplomados en Trabajo Social y AA.SS. de Las Palmas, a elaborar un documento que elevarán al Gobierno de Canarias, en el que abogan por la recomposición del modelo que rige el sistema público de servicios sociales en las Islas. El principal objetivo es que se concreten fórmulas de financiación estables que se adapten a las características territoriales del Archipiélago. Es decir, “reclaman que se garantice la responsabilidad pública en las prestaciones sociales básicas a todos los ciudadanos en situación de necesidad y que esta garantía se plasme en una ley”.
“Se trata de atender derechos de los ciudadanos que ya están recogidos en normas y leyes estatales y regionales; el Gobierno de Canarias debe garantizar los créditos suficientes para sufragar estos servicios”, sostienen. Para asegurar la financiación adecuada, piden que se cree una comisión de trabajo interadministrativa que procure la sostenibilidad económica del sistema.