DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
La propuesta de dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto de ley de Medidas Administrativas y Fiscales cuestiona la constitucionalidad de algunos impuestos planteados por el Gobierno regional en el documento objeto de análisis.
En concreto, el borrador del informe, que previsiblemente el pleno del CES apruebe hoy tras varios retrasos, subraya que el gravamen sobre los depósitos de los clientes en las entidades de crédito del Archipiélago ofrece dudas sobre su “adecuación constitucional”.
En el texto se lee que, de ser la configuración pretendida la de un impuesto indirecto -es decir, que gravaría la prestación por parte de las entidades de crédito de un servicio (captación de depósitos), la inconstitucionalidad sería “evidente”, al estar incluida esta actividad en el “ámbito del IVA”, lo que vulneraría la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El CES se pregunta si esta actividad ya está gravada con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
Si el impuesto de referencia fuera calificado de directo, advierten los ponentes del dictamen, surgen las “dudas” sobre su eventual incompatibilidad con el impuesto nacional de sociedades, que grava “las rentas de sociedades y demás personas jurídicas”, y con el impuesto municipal sobre actividades económicas, al tratarse también de un tributo que grava el beneficio por actividades empresariales, tal como se desprende del artículo 86 de la ley 39/1988 de Haciendas locales. Se estaría aquí, igualmente, ante una vulneración del artículo 6.3 de la LOFCA , al haber coincidencia de hechos imponibles sobre una materia tributaria.
Tras resaltar la ausencia de argumentos económicos en el anteproyecto que determinen sus efectos en el escenario de ingresos de la Comunidad Autónoma, el CES alerta del impacto negativo que el nuevo tributo podría tener sobre el ahorro regional, el eventual encarecimiento de los costes financieros de las entidades de crédito y de la dificultad para evitar que estos no repercutan en las familias y las empresas.
“Consecuentemente”, escriben los miembros de la comisión permanente de trabajo de desarrollo regional y planificación económica, “estaríamos ante una figura impositiva que limitaría el que las entidades de crédito pudieran proporcionar liquidez al sistema económico”.
En este bosquejo queda por definir una opinión sobre la conveniencia económica y social de las otras figuras tributarias: impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, el referido al medio ambiente y el del transporte de energía eléctrica de alta tensión. No obstante se deja entrever una consideración negativa.
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Preocupación por la reducción retributiva
El CES censura al Ejecutivo regional que no haya abierto un proceso de negociación, más allá de las reuniones meramente informativas, en cuanto a las iniciativas relativas al personal de la Administración autonómica. Sin discutir la necesidad de establecer un marco que permita la eficaz consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria, la reducción del déficit y la mejora de la sostenibilidad fiscal, el proyecto de dictamen indica que la regulación en el ámbito de los recursos humanos debería haberse incluido en el anteproyecto de ley de Medidas Administrativas y Fiscales después de un proceso de diálogo en las mesas generales y sectoriales, así como en los órganos específicos de la función pública.
wEn este contexto, el Consejo Económico y Social expresa su “preocupación” y “sorpresa” en lo que concierne a la reducción de las retribuciones del personal, sin acuerdo previo. “Este tipo de proceder imposibilita la adopción de acciones efectivas de ahorro sin que se vea afectado el empleo público”, sentencia.
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