EFE | Las Palmas de Gran Canaria
El Gobierno canario no aplicará algunas medidas previstas por el Ejecutivo central para ahorrar en educación, como aumentar los alumnos por clase o reducir profesores, aunque cumplirá las leyes y adoptará iniciativas alternativas para recortar gastos, insistió ayer su vicepresidente, José Miguel Pérez. Y es que el Ejecutivo autonómico opina que el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público que se prevé aprobar esta semana es “un error que pagará nuestro país, sin lugar a dudas”, y piensa que “hay que ir en dirección contraria”, según afirmó el también consejero de Educación.
Antes de asistir a una reunión con directores de centros docentes no universitarios e inspectores de zona de Gran Canaria (hoy lo hará con los de Tenerife) para informarles sobre el Real Decreto-Ley y sus repercusiones en el sistema educativo público de las islas, Pérez precisó que lo que hará su Gobierno es, “primero, mantener e incrementar los recursos para los alumnos, y eso pasa también por no reducir profesores”. Eso implica no aplicar algunas de las medidas de ahorro tal y como las prevé el Ministerio de Educación, porque, de hacerlo, según sostuvo, “saldrían del sistema educativo en la enseñanza no universitaria 3.550 profesores automáticamente”. Pérez subrayó que tampoco prevé que en el Archipiélago se amplíen las ratios o números de alumnos por clase como propone el Ministerio. El consejero anunció que, además, en las Islas se mantendrán centros de Secundaria donde se ofertarán varias modalidades de Bachillerato. “Hay una parte de las medidas que no se pueden dejar de aplicar, porque son normativa básica del Estado, pero que en las islas se hará poniendo sus prioridades y no las del Ministerio”.
El vicepresidente defendió que en la comunidad autónoma se pueden tomar esas decisiones porque se han adoptado soluciones alternativas para recortar gastos, y destacó que han sido “medidas duras”, como las de bajar los sueldos a toda la función pública y subir impuestos. Además, señaló que se prevén otras iniciativas que supondrán “un ahorro importante”, como reutilizar libros de texto cedidos a los alumnos gratuitamente un año más de lo pensado, alargando su vida útil, y que también contribuirán a racionalizar el gasto acciones como la revisión del mapa escolar regional. Este reajuste se ha dado ya a conocer en algunos centros de Gran Canaria y Tenerife, “y se ampliará a más lugares”.
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La ULL remarca que los recortes ponen en serio peligro los niveles de posgrado
El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna (ULL) aprobó ayer por asentimiento un comunicado en el que manifiesta el rechazo a los recortes en materia universitaria al considerar que éste “daña profundamente el modelo vigente de universidad pública basado en el principio constitucional de igualdad de oportunidades”. El órgano colegiado solicita la retirada del Real Decreto-Ley correspondiente que, entre otras cuestiones, “daña gravemente la calidad de la docencia y la investigación, y pone en muy serio peligro los niveles de posgrado”. Aún no se conoce el alcance real del recorte para educación, aunque algunas estimaciones hablan de 3.700 millones, de los que se calcula que un 3,6% correspondería a Canarias, es decir, unos 120 millones, y de los cuales más de la mitad irían a las universidades. La ULL insta al Gobierno de Canarias a que asuma su responsabilidad en el marco de sus competencias y garantice la financiación necesaria de las universidades públicas canarias. Por otra parte, en el Consejo se informó que se ha aumentado el número de plazas en titulaciones con límite de vacantes, que pasa de 3.697 a 3.730.
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