Y. R. | Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno canario culpó ayer a los sindicatos de los trabajadores públicos de romper el diálogo. El Ejecutivo descartó aceptar sus medidas alternativas a la bajada de los salarios y los recortes del gasto. El portavoz gubernamental, Martín Marrero, les pidió “responsabilidad y conciencia”.
Sostuvo que el Gobierno regional mantiene “inamovible” su voluntad de seguir hablando con los sindicatos de los empleados públicos, pero apuntó que han sido estos los que han roto el diálogo al levantarse, el pasado miércoles, de la mesa de negociación y dejar plantado al Ejecutivo.
En respuesta a las críticas de los dirigentes sindicales, Marrero señaló que nunca se les ha mentido ni ocultado información y que siempre se ha dicho que el ajuste en gastos de personal sería de unos 200 millones, que finalmente ha ascendido a 222 millones entre la reducción salarial del 5% y otras medidas.
El portavoz gubernamental pidió a los sindicatos “responsabilidad y conciencia” en el actual momento económico de “severa” reducción. También les recordó que tengan en cuenta que Canarias no va a despedir a trabajadores públicos, tal y como han decidido otras comunidades autónomas del país.
Martín Marrero hizo un llamamiento a los dirigentes sindicales para que vuelvan a la senda del diálogo. Destacó que en la mesa de negociación fallida se les iba a adelantar la introducción de algunas de sus “sugerencias” en el anteproyecto de ley de Medidas Administrativas y de Modificación de Normas Tributarias, que ha sido enviado ya al Consejo Consultivo.
Explicó que se aceptó la retirada de la jubilación forzosa a los 67 años, eliminar la reducción de complementos para el personal laboral informático y la participación de los sindicatos en el proceso de racionalización y distribución de empleados públicos, entre otras que no detalló.
El portavoz gubernamental reiteró que las medidas del plan canario son “duras”, pero que son las que la Comunidad Autónoma se ha visto obligada a adoptar por el recorte en las partidas de las cuentas estatales. Insistió en que “no hay otra fórmula” de ajustar esos 800 millones de euros manteniendo a la vez el empleo público y los servicios públicos. Marrero puntualizó que otras comunidades autónomas han abogado por la privatización de los servicios y el despido de trabajadores, pero enfatizó que ese “no es el camino” que el Ejecutivo regional quiere seguir.
El portavoz del Ejecutivo regional recordó también que la política presupuestaria es “competencia” del Gobierno y que la interlocución con los agentes sindicales es en el ámbito de la negociación de las condiciones laborales.
Unas declaraciones que se produjeron 24 horas después de que los trabajadores públicos salieran a las calles del Archipiélago para protestar contra la rebaja salarial del 5% anual. En la capital tinerfeña se concentraron unas 5.000 personas.
Los sindicatos públicos se vuelven a reunir hoy para actualizar el calendario de actividades de protesta, lo que incluye una posible huelga parcial e indefinida a partir de la segunda quincena de junio.
Dentro de este calendario, las organizaciones sindicales prevén concentrarse el próximo martes ante la sede del Parlamento regional. También pretenden hacerse notar en los actos institucionales que tengan lugar el Día de Canarias, el próximo miércoles 30 de mayo.