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El Gobierno deja sin subvenciones los puntos de encuentro familiares

El servicio de Atención a la Familia de la capital será el único que permanecerá abierto este año. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Los recortes continúan su imparable caminar por el sector público del Archipiélago. Esta vez le ha tocado el turno a los puntos de encuentro familiar, a los que la Consejería de Economía y Hacienda ha dejado al borde del abismo, tras anular el crédito de 230.000 euros previstos para el presente ejercicio.

La orden, aprobada por el Consejo de Gobierno de Canarias el 30 de marzo, está incluida entre las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para “mantener la estabilidad y contrarrestar la debilidad económica, garantizando al mismo tiempo los servicios básicos”.

La decisión del Gobierno autonómico ha cogido por sorpresa a los trabajadores y responsables de los referidos puntos de encuentro, que ni siquiera han tenido aún notificación oficial del tijeretazo. De hecho, el director del Centro de Atención a la Familia de Santa Cruz de Tenerife, Raimundo Moreno, explicó que el viceconsejero de Justicia, Pedro Herrera, y el director general del Menor, Gilberto Moreno, se habían comprometido a mantener estos servicios.

Incluso, hace un mes y medio el Centro de Atención a la Familia recibió la notificación de una orden de pago de 67.000 euros, dinero que, sin embargo, aún no se ha hecho efectivo. “Nos prometieron cerca de 100.000 euros para los puntos de encuentro provinciales -ubicados en la capital y en La Orotava-, y una cantidad similar para los de la provincia de Las Palmas”, denotó Raimundo Moreno, que aseguró que la Dirección General del Menor también iba a aportar 40.000 euros -muy lejos de los 112.000 de 2011-. “Una decisión así supone cargarse los servicios mínimos que tiene la comunidad y las familias”, denota Moreno, quien confía en que el Gobierno regional rectifique su decisión.

En la misma línea se manifestó el presidente de la Asociación Tenerife Custodia Compartida, Ezio Massa, quien dejó claro que “cualquier recorte en los puntos de encuentro afectará a la mediación familiar, que debe ser el vehículo por el que se apueste”. En su opinión, estamos asistiendo a un progresivo desmantelamiento de los servicios sociales, porque “tampoco hay dinero para los centros de familia”. Además, los casos de custodia continúan estando “atascados” en los juzgados, que tardan entre dos y tres años en resolver estos asuntos. Por ello, resulta más importante si cabe mantener los puntos de encuentro familiares, donde según Raimundo Moreno existe una lista de espera “de meses” para que los padres divorciados puedan ver a sus hijos. La medida puede afectar sólo en la provincia tinerfeña a más de 200 familias y cerca de 250 menores, así como a 9 trabajadores, que prestan sus servicios en los centros de Santa Cruz de Tenerife y La Orotava.

Desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias reconocieron que una de las partidas afectadas por los recortes del Ejecutivo es la correspondiente a los puntos de encuentro, la mayor parte de los cuales tendrán que echar el cierre. Ya ocurrió con los que se ubicaban en Santa María de Guía y Santa Lucía, en Gran Canaria, y algo similar puede ocurrir con el de La Orotava, cuya continuidad dependerá del ayuntamiento.

Mientras, respecto al Centro de Atención a la Familia de Santa Cruz de Tenerife, las mismas fuentes precisaron que recibirá los 100.000 euros que tenía comprometidos antes de que saliera la anulación de créditos de la Consejería de Hacienda, aunque la subvención se encuentra todavía en trámite.

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Sin ley específica ni recursos suficientes

El director del Centro de Atención a la Familia de Tenerife, Raimundo Moreno, manifestó que en Canarias “no hay ley específica sobre los puntos de encuentro”, a diferencia de lo que sí ocurre en otras comunidades autónomas. En su opinión, ésta es una de las deficiencias de la Consejería de Justicia, “que debería acometer con urgencia” esta reforma, sobre todo, para fijar el presupuesto necesario para sacarlos adelante. Moreno, además, puso de manifiesto otro problema, que definió como “falta de coordinación” entre Justicia y los citados puntos de encuentro, “para agilizar algunos casos y pasarlos a otras modalidades, con el fin de dejar plazas libres para los que esperan”. “No podemos hacer más”, expuso Moreno, quien recordó que en estos centros se trabaja de lunes a domingo.

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