DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife
La concejal delegada de Seguridad, Protección Civil, Movilidad, Transportes y Accesibilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Delia González, aseguró ayer que el procedimiento para las ayudas al cese de la actividad de auto-taxis, que en la actualidad está en marcha, cuenta con todos los informes favorables por parte de la Intervención y los servicios jurídicos municipales. “Hasta el momento -indicó-, el acuerdo al que llegamos con las asociaciones del sector y con el propio Cabildo de Tenerife se mantiene dentro de la más estricta legalidad, es más, aún no nos consta que la denuncia hecha pública por el sindicato USO haya sido notificada al Consistorio”.
De esta manera se posiciona el Gobierno local ante la información publicada ayer por este medio, en la que la Unión Sindical Obrera (USO) anunciaba dos denuncias (una contra el Ayuntamiento y otra contra el Cabildo) por entender que el rescate de 60 licencias de taxi previo pago incumple la ley de transporte vigente.
Aún así, González recordó que “en ningún caso se puede hablar de rescate, porque esa no es la figura legal que se pretende acometer en Santa Cruz para fortalecer el sector del taxi ante el evidente exceso de licencias”. En principio está previsto que este mismo año se pueda aprobar la retirada de 60 autorizaciones. Precisamente, el pasado 2 de mayo, y tras la publicación de las bases del procedimiento en el Boletín Oficial, “ya se está recogiendo la documentación de los interesados”. La edil aclaró que, “en el caso de que esta denuncia sea tomada en consideración por la Fiscalía, y luego prosperase, adoptaríamos las medidas necesarias para acatar esa decisión y si se entendiera adecuado, paralizaríamos el proceso”.
El Ejecutivo canario regulará el sector
El Gobierno de Canarias ha remitido al Consejo Consultivo el Proyecto de Decreto sobre el Reglamento del Servicio del Taxi. Este documento, entre otras cuestiones, establece las condiciones de vigencia, suspensión, transmisión, rescate y extinción de las licencias municipales de los servicios de taxi. Como medida de agilización administrativa se prevé la posibilidad de tramitar conjuntamente la expedición de la licencia municipal y de la autorización insular.
Por lo que se refiere a las condiciones de prestación del servicio, junto a las condiciones tradicionales se han incorporando en el reglamento previsiones acerca de la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, así como los derechos y deberes de los usuarios.
Recoge, además, que para la determinación, modificación o reducción del número de licencias se tendrá en cuenta, entre otras cosas, el nivel de demanda y oferta de servicios; el nivel de cobertura mediante los diferentes servicios de transporte público de las necesidades de movilidad de la población; las actividades administrativas, comerciales, industriales, turísticas o de otro tipo. Así, el incremento o reducción del número de licencias en un municipio debe ser justificado por el ayuntamiento mediante un estudio socio-económico.
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Prohibiciones
El Reglamento de Servicio del Taxi, remitido al Consejo Consultivo para su aprobación, prohíbe el arrendamiento, subarrendamiento o cesión de la licencia municipal o autorización insular. En la disposición transitoria primera establece que, en el caso de que se reconozca un desequilibro patente entre el número de licencias municipales vigentes y el que resulta adecuado a las necesidades que deben ser atendidas, las administraciones públicas competentes podrán elaborar programas con medidas organizativas, de ordenación del trabajo y, en su caso, económicas, tendentes a acomodar la prestación del servicio a la demanda y, de ser necesario, reducir el número de licencias y autorizaciones existentes a los límites que resulten de aplicación. Las entidades públicas competentes regularán, mediante norma reglamentaria, las condiciones de estacionamiento, de los turnos en las paradas y de la circulación de los vehículos en las vías públicas; así como la normativa relativa a la explotación de las licencias en cuanto a los turnos, días de descanso y vacaciones. Las tarifas urbanas serán fijadas, asimismo, por el ayuntamiento correspondiente. El Gobierno de Canarias fijará las tarifas interurbanas, así como las correspondientes a zonas de prestación conjunta y áreas sensibles. En ambos supuestos se dará audiencia a las asociaciones representativas del sector. El documento prevé también la creación de la Mesa del Taxi, en la que participarán los responsables de la política de transportes y los sectores representativos.
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