YAZMINA ROZAS | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno canario mantiene su rechazo a retrasar el alza del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a enero de 2013 tal y como solicitan las patronales turísticas y los sindicatos. El gabinete de Paulino Rivero deja la puerta abierta a modificar la fórmula planteada para la subida de los impuestos pero apunta que cualquier propuesta debe tener en cuenta el cumplimiento del déficit y el “agujero de 800 millones de euros”.

Rivero se reúne el próximo 21 de mayo con las principales patronales y organizaciones sindicales hoteleras de las Islas para debatir sobre las consecuencias en la actividad de la subida del IGIC, así como la petición del sector de retrasar el alza de este impuesto a enero del próximo año.

El portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, mantuvo ayer, tras la celebración del Consejo de Gobierno, la negativa a aceptar esta moratoria. Insistió en que la previsión “a día de hoy” es que el alza del IGIC se aplique en el segundo semestre de este mismo año.

Respecto a una posible modificación de la propuesta de la subida de impuestos, Marrero recordó que es el Parlamento el que debe aprobar el proyecto de ley y que, en su proceso de enmiendas, puede haber modificaciones. Sin embargo, puntualizó que cualquier cambio que se plantee debe tener en cuenta el cumplimiento del déficit, fijado para este año en el 1,5% del Producto Interior Bruto, y el “agujero” de 800 millones.

Marrero añadió que cualquier cambio tributario a la baja “no es posible” si no se produce una compensación en otra parte.

“Y es imposible recortar aún más”, enfatizó. Señaló también que el Gobierno canario no prevé anunciar más subidas impositivas o aprobar nuevas tasas en el escenario presupuestario actual, aunque no se atrevió a confirmar si será así en el futuro.

“Confiemos en que no haya más castigo” a la comunidad por parte del Ejecutivo central, añadió.

En cuanto a las críticas de los empresarios de ambas provincias a las medidas anunciadas para hacer frente al recorte estatal de 800 millones, Marrero reiteró la necesidad de adoptarlas porque “no hay otra manera” de mantener los servicios esenciales sin despedir trabajadores públicos. Reconoció que son decisiones “dolorosas e injustas” pero también “imprescindibles”.

El portavoz indicó que, en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tendrá lugar el próximo jueves, se le pedirá al Ministerio de Hacienda que explique la “infravaloración” en la partida del sistema de financiación autonómica, así como que tenga en cuenta la situación de las Islas. Los mismos puntos sobre los que debatirá Paulino Rivero en su próxima reunión con Mariano Rajoy.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la creación de un equipo de 18 personas que harán visitas presenciales a las empresas para que acrediten que están dadas de alta en el IGIC, dentro del plan contra la lucha fiscal.