EFE | Madrid

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado este sábado que el Gobierno no reconoce “ninguna legitimidad” a la denominada Comisión Internacional de Verificación (CIV) del alto el fuego, que el pasado viernes dijo que la banda terrorista ETA le ha transmitido que está “preparada para dialogar”.

Tras afirmar que “los verificadores” intentaron contactar con ellos, ha indicado que no les dan legitimidad alguna y que la Guardia Civil y la Policía son “suficientes verificadores para comprobar si ETA se disuelve o no”, lo que ha pedido el ministro a su llegada al XIII congreso del PP catalán en Barcelona.

“La política del Gobierno en relación con ETA está muy clara”, ha continuado, para añadir que “el Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni negociará jamás con ETA”.

La Comisión Internacional de Verificación se reunió entre anteayer y ayer en Bilbao con las fuerzas políticas y sociales vascas y también con el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares.

Al acabar ayer las citas, la comisión hizo público un comunicado en el que aseguraba que, mediante contactos directos con ETA, había recibido un mensaje de la organización en el que comunica que está “preparada para dialogar sobre asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso”, aunque no detalló cuales.

Posteriormente al comunicado, trascendió que los verificadores habían transmitido también una oferta de desarme por parte de ETA, a cambio de “contactos” y una solución para sus presos.

Sobre este asunto se han manifestado hoy diversos líderes político que, en general, han rechazado los argumentos de la comisión verificadora y han destacado que el Gobierno tiene medios para conocer lo que ocurre con ETA.

Así, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que los “únicos verificadores” del fin de ETA son las fuerzas de seguridad del Estado, los jueces y las víctimas del terrorismo.

Durante su intervención en el XI Congreso del PP de Extremadura, ha advertido de que el Gobierno de Mariano Rajoy no necesita “ningún verificador de nada”, ya que España es una democracia.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que el Estado tiene que hacer “todo lo posible” para que ETA deje de existir, tarea en la que el PSOE estará “siempre” con el Gobierno.

Rubalcaba, tras asistir a la toma de posesión del socialista José Antonio Griñán como presidente andaluz, ha dicho que el Ejecutivo tiene que “culminar la tarea”, ya que, aunque ETA abandonó la violencia hace meses, “sigue existiendo, por lo que el Ejecutivo central debe centrarse en que desaparezca”.

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha asegurado que, aunque es de agradecer que haya instituciones o personalidades internacionales que quieran colaborar en el proceso de paz en el País Vasco, “el Estado tiene sus medios para verificar el fin de ETA” definitivo.

López, que ha asistido en Zamora a la apertura del congreso de Juventudes Socialistas de Castilla y León, ha recordado que “lo que está claro” es que ETA ha abandonado la violencia y que lo más importante es reiterar que debe poner “punto final a todo”.

Ha asegurado que el PSOE siempre ha sido fiel al principio de que la política antiterrorista la dirige el Gobierno y por ello apoyará al Ejecutivo de Mariano Rajoy en la lucha antiterrorista.

Para el portavoz del Partido Socialista de Euskadi, José Antonio Pastor, “la prioridad es que ETA se disuelva” y esa disolución “no puede tener contrapartidas, como plantea la organización”.

El secretario general del Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados, Eduardo Madina, ha dicho que su partido “no hará una línea de confrontación” en la reinserción de los presos de ETA y ha manifestado su apoyo al Gobierno en esta cuestión, “aunque se equivoque”.

Para Madina, al Gobierno le compete “el ejercicio de la plena consolidación” del escenario que se abrió con el anuncio de abandono de las armas de la banda terrorista ETA en el pasado mes de octubre.

Las víctimas del terrorismo se han mostrado confiadas en que el Gobierno no negocie con ETA y le han pedido un cambio de la política antiterrorista para conseguir la “derrota total” de la banda “sin contrapartidas”.

En declaraciones a EFE, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, ha coincidido con Fernández Díaz en no reconocer “ninguna legitimidad” a la comisión.

El presidente de Voces contra el Terrorismo (VcT), Francisco José Alcaraz, también ha mostrado su confianza en que este Gobierno no negocie con ETA, aunque ha indicado que “no le hace falta, si tiene como testaferro al PSOE en este proceso”.