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El mandato imperativo municipal > Ángel Llanos Castro

La aprobación del contrato-programa entre Santa Cruz y el Cabildo sobre Titsa, generó controversia, como es habitual, desde hace años: unos consideran mucho dinero el que se aporta a la citada empresa y otros que es insuficiente; hay quien defiende aumentar este servicio (número de líneas, paradas y frecuencia), y quien sugiere modelos cercanos al gratis-total con la extensión de la gratuidad en su uso. En cualquier caso, los usuarios pagan una parte del transporte público y el resto es financiación pública (9 millones de euros corresponden a la aportación municipal). Conclusión: todos los ciudadanos pagan el funcionamiento de Titsa, usen o no la guagua, por lo que parece acertada la reorganización del transporte público ante la gravedad de la crisis económica y la merma presupuestaria que conlleva.

Más allá de la estabilidad financiera, informaciones periodísticas vinculaban la posición de algún concejal a compromisos previos de la dirección de su partido. Y es aquí donde conviene subrayar la prohibición expresa que la Constitución realiza del mandato imperativo a los cargos electos. Porque si bien es cierto que el artículo 67 de la Norma fundamental española circunscribe a los miembros de las Cortes Generales la imposibilidad de estar ligados a lo que dicten sus partidos, no es menos cierto que la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho de esta regulación del Título III se extiende al resto de las corporaciones públicas, al considerarse que el escaño es del cargo electo y no de la formación en cuya candidatura concurrió, porque los votantes se lo dieron al primero. Complicándose aún más los escenarios cuando la dirección de los partidos al final de un mandato difiere de la que designó a sus candidatos.

En el Ayuntamiento capitalino, han sido varios los intentos conocidos de aplicación de mandato imperativo por parte de los partidos a sus concejales desde 1978 (acciones que algunos juristas consideran inconstitucionales), destacando las situaciones vividas en torno al proceso de compra-venta de Las Teresitas o, más recientemente, las que rodearon a la aprobación provisional de la revisión del PGO. La objetiva lectura de la lealtad política (siempre exigible a los miembros de un gobierno público hacia quien les designó sus competencias), obliga a la coordinación de los cargos electos con las estructuras orgánicas que les otorgaron la posibilidad de incluirse en una candidatura electoral, siendo ésta además la principal herramienta de los propios partidos para imponer el mandato imperativo: que no vuelvan a repetir en las listas. No obstante, los electos siempre podrán recurrir a votar “con la nariz tapada”, expresión internacionalmente famosa desde mediados de los años 70 del siglo XX gracias al premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, Indro Montanelli.

Ángel Llanos Castro Exportavoz del PP en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Santa Cruz