El Senado de España ha aprobado esta semana una declaración institucional con ocasión del centenario de los cabildos insulares, a la que se han adherido todos los grupos parlamentarios por unanimidad, que viene a reconocer la importancia de estas administraciones públicas en el marco de la Constitución Española y el Estado de Derecho, garantes del orden y el bienestar de los ciudadanos.
Las Cortes Generales del Estado se suman así, por tanto, al nutrido grupo de instituciones españolas que han querido conmemorar el primer siglo desde la constitución de estas corporaciones. La evocación de esta fecha procede no sólo para rendir sentido homenaje a la historia y significado de esta institución, sino también para reflexionar sobre lo que ha de ser nuestro futuro. También el pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado, por unanimidad, una proposición no de ley en la que pide al Gobierno autonómico que impulse iniciativas educativas y culturales dirigidas a divulgar y reflexionar sobre el papel de los cabildos insulares.
Asimismo, se ha instado al Ejecutivo canario a intermediar ante el Gobierno de España para que la Sociedad Estatal de Acción Cultural Española incorpore actividades conmemorativas de esta efeméride en su programación prevista para 2013, acción a la que nos sumamos y que completaremos con otras medidas. Los cabildos insulares institucionalizan una forma de gobierno insular que ya existió en Lanzarote a mediados del Siglo XV, donde tenían cabida las fuerzas vivas de la Isla, y que se formó años después en Tenerife, La Palma y Gran Canaria. No hay otra realidad jurídica en que refleje con tanta precisión nuestra identidad insular, y se han revelado como la fórmula de gobierno perfecta, en coordinación con los ayuntamientos, para la idiosincrasia de Canarias. De hecho, cada uno de ellos aúna la realidad de la Isla en que se asienta, lo que les confiere un alto interés desde el punto de vista jurídico. Son corporaciones administrativas creadas en cada una de las siete islas que forman nuestra región, por la ley de 11 de julio de 1912, sobre organización de las Islas Canarias, que vino a uniformar por vez primera la legislación aplicable a estas entidades, desarrollando un marco regulador propio, con delimitación de su ámbito geográfico y reconociendo su competencia tributaria. Al reconocimiento expreso de su naturaleza jurídica contribuyeron la Constitución Española de 1978, como ya lo habían hecho las de 1931 y 1812, y el Estatuto de Autonomía de Canarias de 1982, que los nombra institución de gobierno y administración local de las siete Islas, con autonomía plena dentro de este marco jurídico.
Son, por tanto, verdaderas instituciones autonómicas, dotadas de amplias competencias, a las que se reconoce el ejercicio de funciones propias, así como las que se puedan ser transferidas o delegadas por la Comunidad Autónoma, y las de colaboración en el desarrollo y la ejecución de los acuerdos adoptados por el Gobierno canario en los términos que establezcan las leyes. Ha pasado, en efecto, un siglo, y cada vez tienen más ámbitos de gestión y competencias. Hoy atraviesan por una difícil situación económica que hace necesaria una restructuración interna de sus recursos y forma de gestión, sin perder la esencia de lo que son, verdaderos entes de representación de los ciudadanos, y foros de debate y decisión de asuntos de trascendencia regional.
Desde su posición geoestratégica única, los cabildos insulares han de dedicarse específicamente a las funciones que tienen encomendadas, bajo el principio de una función por cada administración. Sería bueno que aprovechásemos la efeméride para comenzar a trazar entre todos lo que ha de ser el Cabildo del siglo XXI, con ilusión y trabajo, pero siempre conscientes de que hemos de estar a la altura de una institución centenaria, y de quienes son su razón de ser, los que han nacido, viven y trabajan entre nosotros, a quienes nos debemos por encima de todo. La declaración institucional del Senado demuestra que esta Cámara es capaz de unirse ante temas tan importantes como el que nos ocupa, dejando de lado las distintas ideologías. No podemos entender Canarias sin la existencia de los cabildos, no ya por la naturaleza de nuestro territorio, sino porque en nuestro acervo cultural anidan como referencia de autoridad, unidad y gobierno. Estamos profundamente orgullosos de formar parte de estas instituciones centenarias, desde el lugar que nos corresponda, y de contar en ellas con un personal de categoría. El futuro de nuestras Islas es lo único que nos mueve.
Antonio Alarcó es Portavoz del PP en el Cabildo de Tenerife y senador por la Isla