YAZMINA ROZAS | Santa Cruz de Tenerife

El secretario general del Partido Popular (PP) en Canarias, Asier Antona, señaló ayer que el grupo baraja la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad, es decir, pedir la devolución al Gobierno del proyecto de ley de medidas administrativas y fiscales.

Antona indicó que aún están estudiando el texto legislativo, así como los diferentes informes que apuntan las dudas legales y constitucionales sobre algunas de las iniciativas, para valorar las enmiendas a presentar.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias han expresado sus reparos legales respecto a los nuevos impuestos sobre depósitos a entidades financieras y sobre las grandes superficies. Los juristas también han visto un posible conflicto competencial en la rebaja salarial del 5% a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.

A pesar de estas incertidumbres, el proyecto de ley fue aprobado, el pasado martes, por el Gobierno canario. Hoy será registrado en el Parlamento para iniciar su tramitación.

Asier Antona señaló que su partido analiza, con “absoluta profundidad”, estas dudas legales, ya que estos dos nuevos impuestos han sido recurridos por el Estado ante el Tribunal Constitucional en algunas comunidades autónomas. Reiteró que este conjunto de iniciativas administrativas y fiscales no van a resolver los problemas de Canarias.

El presidente del grupo parlamentario insistió en que el Gobierno regional ha decidido ir por “el camino más corto”, el de aumentar la presión fiscal a los ciudadanos, crear nuevos impuestos y recuperar otros tributos.

Antona volvió a enfatizar que este texto legislativo va a “asfixiar aún más” a los ciudadanos, autónomos y pymes. Abogó de nuevo por reducir más los gastos en la Administración pública en vez de ir por la vía impositiva. Reiteró su crítica al Ejecutivo de nacionalistas y socialistas por no tener “voluntad política” para reducir el volumen de organismos, entes y empresas públicas.

El pleno del Parlamento aprobará el proyecto de ley antes de que acabe el próximo mes de junio, para entrar así en vigor el 1 de julio.

El consejero regional de Economía y Hacienda, Javier González, ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de que estas medidas entren en vigor lo antes posible para lograr cumplir con el objetivo de déficit marcado a las comunidades para este año, en el 1,5%.
El plan de ajuste del Gobierno canario ha recibido la aprobación del Ministerio de Hacienda, en el marco del Consejo de Política Fiscal.

Sin embargo, diversos colectivos sindicales y empresariales ya han dudado de que estas medidas vayan a lograr cumplir con el déficit y, aún menos, ayudar a la economía canaria.