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El PP pide delimitar las operaciones comerciales de los organismos autónomos del Estado

EUROPA PRESS | Madrid

El PP pide al Gobierno, en sus propuestas de resolución de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2009, que diseñe una normativa “precisa” sobre las operaciones comerciales que pueden desarrollar los organismos autónomos, así como cambios en la normativa de rendición de cuentas de las entidades participadas por diferentes administraciones públicas.

Estas propuestas serán debatidas este martes en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que en su orden del día incluye la comparecencia en el Congreso del presidente del organismo, Manuel Núñez, y la aprobación de la Cuenta General del Estado para 2009. Tanto PP como PSOE, UPyD y CiU han presentado propuestas individuales de resolución de los Informes de Fiscalización, que recoge Europa Press.

Así, el Grupo Popular considera necesario que exista una normativa concreta sobre las operaciones comerciales que pueden realizar los organismos autónomos, entre los que figuran el Servicio Público de Empleo, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), las Conferencias Hidrográficas la Dirección de Tráfico o el Fondo Español de Garantía Agraria.

Para los ‘populares’, el Gobierno debería “determinar los criterios a aplicar por estos organismos en su tramitación y registro” de sus operaciones.

También insta al Gobierno a que, “además de exigir el cumplimiento de obligación de rendir cuentas” a los responsables de todas las administraciones, revise y proponga modificaciones a la vigente normativa de control de la rendición de cuentas de las entidades participadas de forma paritaria por diferentes administraciones públicas, incluidas aquéllas en las que se ejerce un control efectivo “aunque su participación en el capital o fondo social no sea mayoritario”. UPyD también incluye una petición similar.

Cumplir en tiempo y forma

El PP insta asimismo al Gobierno a que “adopte las medidas pertinentes” para que todo el sector público rinda sus cuentas en el plazo y forma establecido, una petición que comparte con el PSOE y con CiU. Por su parte, UPyD reclama estudiar el coste de acortar los plazos de presentación de informes y mejorar todo el proceso.

Los ‘populares’ también quieren que el Ejecutivo trabaje para que todas las entidades incluyan en sus liquidaciones un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones económico-financieras asumidas. En este sentido, los nacionalistas catalanes y UPyD piden específicamente que las cuentas “reflejen adecuadamente la actividad económico-financiera del sector público estatal, sus resultados y la situación patrimonial al cierre del ejercicio”.

Las cuatro formaciones reclaman también una correcta vigilancia de las deficiencias de ejecución y liquidación presupuestaria que ha detectado el Tribunal de Cuentas para evitar que se repitan en el futuro. El PP va más allá y exige asimismo proseguir el análisis comparativo de la evolución de los resultados presupuestarios deducidos de la liquidación y de las cantidades pendientes de incorporar como consecuencia de su verificación.

CiU, por su parte, propone que el informe anual del Tribunal de Cuentas constate el “grave incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria” en el que el Estado incurrió en 2009, al cerrar el ejercicio con un 8,56% de déficit frente al 0,82% de superávit previsto.

Peticiones a la intervención

Los ‘populares’ consideran también necesario que la Intervención General del Estado presente una cuenta general única consolidada de todas las entidades públicas, algo con lo que discrepa la formación magenta, que reclama la desaparición de los estados agregados y la inclusión de dos conjuntos de cuentas: las consolidadas de los sectores administrativo, empresarial y fundacional, y las del sector público estatal, así como las cuentas individuales.

En este sentido, el PP reclama que el estado de gastos comprometidos con cargo a los presupuestos de ejercicios futuros que se incluye en la Memoria recoja “la totalidad de los gastos comprometidos”, algo que comparten los socialistas, que además reclaman a la Intervención General una mayor homogeneización en la elaboración de los estados contables de las diferentes administraciones. En la misma línea, UPyD también quiere que se controlen los remanentes de Tesorería afectados por estos compromiso futuros y que se “racionalicen” sus necesidades.

Los ‘populares’ piden también que se incorpore en la Memoria de la Cuenta General “información consolidada y suficiente para la adecuada interpretación de los estados financieros”, y que se acompañe este documento de información sobre la “conversión del resultado presupuestario en la capacidad o necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional”.

En esta línea, UPyD cree que habría que hacer pública “una detallada evaluación de la incidencia efectiva de las magnitudes macroeconómicas reales sobre la ejecución presupuestaria producida durante el ejercicio, del efecto presupuestario de las medidas y reformas adoptadas sobre los ingresos y los gastos públicos, y de los ajustes realizados sobre la contabilidad” para poder “evaluar la parte del déficit ligada al momento del ciclo económico, separadamente del déficit estructural”.

Asimismo, pide que “en la declaración de la Cuenta General del Estado o en los informes específicos se evalúen los planes del Gobierno contra la crisis, tanto los de estímulo económico como los de reformas de los sectores económicos”.


Relación con la Seguridad Social

Por otra parte, el PP insta al Gobierno a regularizar las relaciones entre la Administración General del Estado y la Seguridad Social “provenientes de la insuficiencia financiera del Sistema de la Seguridad Social”.

Asimismo, pide que se mantengan “permanentemente actualizados y valorados” los inventarios de bienes inmuebles de la Seguridad Social, lo mismo que el de todos los bienes inmuebles públicos, tanto en territorio nacional como internacional, algo con lo que coincide la formación magenta.

En este sentido, el PSOE y CiU instan al Gobierno culminar la entrega de la Seguridad Social a la Administración General del Estado, y de éste a las comunidades autónomas, de los inmuebles afectos a los fines de asistencia sanitaria y servicios sociales transferidos a los gobiernos regionales que siguen figurando en el balance de la Seguridad Social, “incumpliendo el Plan General de Contabilidad Pública y provocando la amortización indebida de dichos inmuebles con cargo al presupuesto de la Seguridad Social”.

Los nacionalistas catalanes reclama también que se corrijan las “incidencias “en el análisis del activo del balance, mencionando explícitamente la necesidad de incluir la “correcta contabilización de los préstamos existentes entre el Estado y la Seguridad Social”.

Finalmente, los ‘populares’ reclaman la liquidación definitiva de los centros mancomunados sin personalidad jurídica, tal y como reclama el Tribunal de Cuentas en diferentes declaraciones.

MÁS TRANSPARENCIA

Entre las propuestas de UPyD figura también la inclusión en la Memoria de las Cuentas Anuales de todos los entes públicos de “información detallada de las retribuciones de los miembros del consejo de administración y del personal de alta dirección, así como de los compromisos asumidos por planes de pensiones, seguros de vida y similares, así como los importes de los anticipos o préstamos concedidos”.

Por otra parte, también quiere que se evalúen los distintos entes del sector público, administrativo, empresarial y fundacional desde el punto de vista de la eficiencia económica para “promover la racionalidad económica en la estructura” del sector público estatal, autonómico y municipal.