Y R. – B. A. | Santa Cruz de Tenerife

El plan económico y financiero de reequilibrio en Canarias, aprobado el pasado jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, eleva a 353,75 millones de euros el coste de los recortes en las retribuciones de todos los empleados dependientes del Gobierno de Canarias y en los servicios prestados en sanidad, educación y justicia.

La reducción de los sueldos suman 222,07 millones de euros. La disminución de servicios sanitarios, judiciales y educativos llega a los 74,67 millones de euros mientras que el reajuste de transferencias en los servicios esenciales deja, en las arcas canarias, otros 57 millones.

Este documento, en las iniciativas correctoras de ingresos y gastos, cuantifica el efecto de ambas medidas.

En los recortes se detallan tres capítulos. El primero contiene cuatro medidas. La tercera es la relativa a los reajustes de las retribuciones, con los que pretenden ahorrar 119,66 millones. Las propuestas sobre gastos de personal implican la revisión de las condiciones de las jubilaciones que supone 6,6 millones, la reducción del 5% del sueldo, que se aplicará desde el 1 de enero, y que retendrá 109,42 millones. La reducción de la prima del seguro supone otros 3,62 millones.

La cuarta medida pretende mejoras en la racionalización de efectivos dedicados a la prestación de servicios. Así ajustan el gasto en 74,13 millones. Para ello introducen la jubilación forzosa, intensifican el control del gasto en sustituciones y refuerzos de interinos y aplican la norma estatal de racionalización del gasto en educación. La primera medida se refiere a la optimización de la gestión de los recursos humanos en sanidad. Dejan de gastar 26,40 millones y contiene diversas acciones. Algunas ya están en marcha. Incluye la reorganización de las guardias, la disminución del 10% en el pago de la hora de guardia de sábados, domingos y festivos; la eliminación de algunas direcciones de áreas, el aumento de la implantación de la guardia presencial localizada, la reorganización de los periodos vacacionales y la reducción de la concesión de exenciones de guardias para personal mayor de 55 años.

La segunda medida del primer capítulo busca una gestión más eficiente de los trabajadores integrasdos en la justicia. El ahorro es de 1,88 millones y promueve la intensificación del control del gasto en sustituciones e interinos y la implantación de la nueva organización sectorial.

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Dos capítulos más

El segundo capítulo de los recortes acoge cuatro medidas. La que aplica los ajustes más fuertes, 46,36 millones, se refiere a los servicios sanitarios. Entre ellas, la revisión del libre acceso a las urgencias y la reducción de los conciertos un 10%. La mayor eficiencia en los servicios educativos dejará al Gobierno 23,45 millones, de los que 2,6 millones se ahorrarán en los servicios de limpieza y 4,5 millones del transporte escolar. Otros 3,77 millones se dejarán de inyectar en la gestión de los arrendamientos y otro millón en la reorganización de los horarios de apertura judicial, entre las principales.

Con el último capítulo se dejan de invertir 57 millones. Hay cuatro iniciativas de reajuste. Las referidas a las transferencias a las universidades y los centros concertados suponen un recorte de 15,30 millones. La rebaja salarial en los concertados deja 5,1 millones y en las universidades, 7,2 millones. La reducción de las transferencias corrientes en sanidad se elevan a 21 millones y se logra al evitar traslados de pacientes de islas no capitalinas a las capitalinas y por efecto de la norma estatal sobre el copago farmacéutico. Los reajustes en algunas transferencias llegan a los 17,7 millones. Incluye la reducción de las bonificaciones en el transporte marítimo para residentes.

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