Tras las concentraciones, manifestaciones y protestas de estos días, el país parece haber entrar en un estado de malestar colectivo, como contraposición al nunca bien ponderado Estado de Bienestar, hoy en retroceso. Con sus más y sus menos, porque no afecta a todos por igual, el enojo y el cabreo atizan como el calor. La gente está hastiada y recelosa tras las subidas de impuestos y los recortes en sanidad, educación e infraestructuras para poder reducir el déficit público santificado por las autoridades comunitarias, que son las que mandan en España desde mayo de 2010, cuando Zapatero fue obligado a congelar y recortar. Los dirigentes de la Unión dicen que, pese a los esfuerzos de las autoridades y las estrecheces que desde entonces pasamos, no es suficiente. Hay que efectuar nuevos recortes porque de lo contrario el país no podrá cumplir los objetivos fiscales que pactó con la UE (5,3% de déficit público este año -con 1,5% a Canarias- y 3% en 2013), por el exceso de gasto de los gobiernos regionales” y “la caída de ingresos de la Seguridad Social”, que ha perdido más de tres millones de cotizantes. ¡Cuánto cuesta aceptar que no somos soberanos y que no hay más salida que la pérdida de derechos y poder adquisitivo…! Bueno, sí hay otra salida: ser intervenidos, como Grecia o Portugal, con recortes que ponen los pelos de punta.

La UE calcula que el presente ejercicio España lo cerrará con unos 11.000 millones de euros de déficit público, en vista de lo cual el 30 de mayo, Día de Canarias, la Comisión examinará las cuentas del país, evaluará la situación general y con toda probabilidad impondrá nuevas medidas complementarias a las que ya están en marcha. Y ello a pesar de que las apreturas ya no nos dan tregua y la economía se va a contraer un 1,8% y un 0,3% en 2013. La inflación bajará en 2013 al 1,1%, lo que no está nada mal, pero la deuda soberana llegará al 87% del PIB y la media estatal de paro subirá hasta el 25,1% el año que viene. Canarias se acercará a los 400.000 desempleados con datos de la EPA.

Por si esos malos augurios no fueran suficientes, la inesperada nacionalización de Bankia ha puesto de relieve la endeblez de nuestro sistema financiero y su falta de credibilidad. Los cantos de sirena de Zapatero sobre la pujanza de bancos y cajas se han venido abajo como por ensalmo; a ver si ahora, con la cuarta reforma financiera, segunda de Rajoy en tres meses, y los 30.000 millones de euros en provisiones -que se añaden a los 54.000 millones de febrero y a la creación del FROB, la despolitización de las cajas y el aumento de su ratio de capital de la etapa de Zetapé-, el sector financiero logra la credibilidad, fortaleza y saneamiento imprescindibles para acabar con los llamados activos tóxicos, a lo que habría que sumar el exceso de deuda pública española en poder de los bancos. El panorama económico canario no es mejor que el de la Península y Baleares, ni las previsiones, sobre todo turísticas, muestran cifras como las del último año. Lo mismo, o peor, ocurre con el paro. El Gobierno, débil falto de liderazgo, sigue sin coger por los cuernos al toro. Prefiere mantener el tamaño del sector público y el número de empleados, aunque para ello deba castigar a éstos con una rebaja salarial y a los ciudadanos con subidas de impuestos. Quizás quede muy bien esa machada de negarse a prescindir de profesores o sanitarios, como recomendaba el Gobierno central, pero una decisión de esta naturaleza exige mucho dinero. No vale echar las culpas al Gobierno central, ni acudir al recurso de los 800 millones recibidos de menos, que se reducen a la mitad si los presupuestos de la comunidad autónoma se hubieran preparado sobre bases más realistas. Es el Gobierno de Canarias el que no acaba de hacer sus deberes. CC y PP antes, y CC y PSOE ahora, llevan años hablando de recortar y reformar pero luego lo hacen en dosis irrelevantes. No llega nunca la reforma del marco jurídico-político canario, ni la reducción del tamaño de la Administración, ni la simplificación administrativa…, hoy dispersas en una maraña de disposiciones contradictorias, a cargo de departamentos diferentes con criterios distintos. Existen tres o cuatro grandes proyectos turísticos y de ocio, con cientos de millones de euros en inversión, paralizados en los sures de Tenerife y Gran Canaria precisamente por culpa de esa fuente permanente de conflictos que es la propia Administración canaria, un auténtico engorro para el ordenado desarrollo del sector. En su afán por sacar el dinero a los ciudadanos, en lugar de ordenar sus propias funciones y capacidades, el Ejecutivo autonómico prefiere preparar un anteproyecto de Medidas Administrativas y Fiscales para subir el IGIC y el IRPF, los derivados del petróleo, las transmisiones patrimoniales y los tabacos e implantar una veintena de tasas con las que gravar todo lo que se pone a tiro, incluyendo grandes superficies, redes eléctricas y electrónicas, depósitos en las entidades bancarias y operadores económicos. Pero la Administración Tributaria de Canarias está poco preparada para lo que se le viene encima y tardará en acomodarse. No hay estructura para recaudar más de lo que hoy se recauda, ni mayor capacidad inspectora. Ahora se van a poner en marcha lo antes posible la Agencia Tributaria Canaria y la Ley de tasas y precios públicos. ¿Por qué no se organiza primero el tinglado administrativo y luego se suben los impuestos y tasas? Como prueba de sus apuros, el Gobierno quiere que el Ministerio del Interior dé el visto bueno a la ampliación de competencias de la Policía Canaria para que pueda ayudar en la lucha contra el fraude fiscal. Así y todo, el Gobierno canario no dialoga. Se reúne, como el 11 de abril, desde el Comité Asesor del presidente, con sindicatos y patronales, luego anuncia a toda pastilla que va a suscribir un gran pacto por la economía, el empleo y la cohesión social, y se queda tan pancho. Y si surge otra reunión, la plática y la conversación se aparcan y todo queda en una comunicación de “esto es lo que hay”. Lo mismo pasa cuando decide subir los impuestos a lo bestia, a pesar de la rotunda oposición de los colectivos sociales, sindicales y empresariales. Entre tanto, el Plan de Empleo Juvenil, el nuevo Pecan, la ley de economía sostenible, la ley contra el fraude y la economía sumergida, la revisión del REF… aguardan mejores tiempos.