El Gobierno de los goces marianos vive por encima de sus posibilidades de mentir. Bruselas (por llamarlos abreviadamente) aplaude las llamadas reformas, pero exige que se intensifiquen y amplíen los recortes presupuestarios y en los despachos y pasillos de la UE menudean los informes y papeles que extienden el escepticismo sobre la capacidad de las administraciones públicas españolas de cumplir con los objetivos del déficit. Después de la deleznable chapuza política y técnica que caracterizó la intervención estatal en Bankia -ayer era un primor escuchar a Luis de Guindos deshacerse en elogios al Banco de España: no se les puede pedir vergüenza a los que desvergonzadamente se eximen de responsabilidades unos a los otros- la tecnocracia europea exige auditorias independientes aplicadas al sistema financiero español. No se fían, por supuesto. La situación es tan terrorífica que académicos de orden y prosapia doctoral señalan que el Estado español no puede disponer del volumen de recursos imprescindible para el saneamiento de la banca (¿80.000. 150.000, 200.000 millones de euros) y debe suplicarlo a la UE. El economista Luis Garicano, por ejemplo, propone directamente que el sistema financiero español sea intervenido por Bruselas y el Banco Central Europeo mientras el Gobierno y las comunidades autonómicas sigan administrando las crecientes miserias y se recorten hasta el blanco de las uñas.

Mientras tanto la situación económica, empresarial y laboral de Canarias se sigue degradando. No dejan de ser chistosos los que claman contra una economía tan estructuralmente dependiente de los fondos españoles y europeos y piden un “cambio de modelo”. El modelo económico y fiscal actual, en efecto, es el peor para el peor momento, pero nadie podía imaginar, entre finales de los ochenta y principios de los noventa, que la Unión Europea entrara en barrena. El cálculo de las élites políticas y empresariales de la época muy probablemente fue interesado, pero también era racional. El modelo, sin embargo, se ha fracturado, y las posturas resistencialistas -esperar a que escampe-resultan, desde luego, muy poco realistas, tan escasamente realistas como suponer que liberalizando servicios, suprimiendo normativa y exprimiendo mágicamente la eficacia y eficiencia de las empresas canarias estaremos milagrosamente salvados. Queda una larga agonía por delante. Queda la destrucción de alternativas viables y proyectos coherentes y el peligro inminente de una descapitalización económica, profesional e intelectual que nos llevaría a cuarenta años de retroceso. Este precipicio no merece la más mínima atención rigurosa por parte del establishment político isleño un por parte del Gobierno central.