El Consejo de Ministros aprobó el 27 de abril el Programa Nacional de Reformas, que incluye la racionalización del número de ayuntamientos. La desviación de los objetivos del déficit público por las comunidades autónomas y las entidades locales ha tenido como consecuencia más visible, junto a los problemas para obtener préstamos a bajo interés en los mercados financieros, el impago de más de 30.000 millones de euros en facturas a sus proveedores.
De los 8.116 ayuntamientos que existen en España, sólo 1.316 superan los 5.000 habitantes; los 6.800 municipios restantes concentran a un millón de habitantes. Con esta medida, el Gobierno quiere ahorrar 10.500 millones de euros gracias a la fusión de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, aunque la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha propuesto que diputaciones, cabildos y consejos insulares asuman buena parte de las competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes para evitar su desaparición. De los 88 municipios de Canarias, 21 no superan los 5.000 habitantes. Así que mientras en el conjunto de España el 84% de los municipios no alcanza los 5.000 habitantes, en Canarias esa cifra se reduce a tan sólo el 24%, por lo que la medida generaría un escaso ahorro y, probablemente, una importante contestación social dada sus características históricas.
Las Islas han tenido experiencias dispares en la mancomunidad de servicios, que sin embargo sólo aportan beneficios si están bien gestionadas. ¿Qué sentido tiene el paso de dos camiones de la recogida de residuos sólidos por una misma calle limítrofe de dos municipios? ¿Cuál sería el ahorro de un único concurso público para la atención domiciliaria en los 31 municipios de Tenerife? Alternativamente, existe la posibilidad de recurrir a un tercero para la cesión de competencias tal y como propone la FEMP, algo que ya hace eficientemente desde hace años el Consorcio de Tributos de Tenerife.
El ahorro de fondos públicos por la fusión de municipios menores de 5.000 habitantes es evidente en regiones como Castilla y León, en la que 2.189 de sus 2.248 municipios tienen menos de 5.000 habitantes. Pero, probablemente, la aplicación en Tenerife de la racionalización del número de entidades locales deba ir dirigida hacia la insularización de determinados servicios a través de la corporación insular, junto a los modelos de mancomunidad que políticamente sean posibles.
*Exportavoz del PP en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Santa Cruz