Los impuestos, ese dinero que pagamos según nuestra capacidad económica y en función de lo que gastamos y consumimos, son, junto a la muerte, lo único cierto y seguro en este mundo, decía Benjamin Franklin, el padre de la independencia estadounidense. Lo peor es que pagamos por todo, y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es así desde los albores de la humanidad, por asuntos de guerra, por pillaje puro y duro, por sometimiento a los mandamases o por simple obligación. Hoy, con el dinero tributado se mantienen los servicios públicos esenciales para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad en los distintos niveles: estatal, autonómico, insular y local. Naturalmente, a más servicios, más impuestos. Por eso el nivel del llamado Estado del Bienestar depende de la contribución que se establezca. Ahora, el Gobierno de Canarias ha decidido meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos para, por unas u otras vías, sacarnos del orden de 500 millones de euros. Además de las anunciadas subidas del IGIC, el tramo del IRPF y los carburantes, va a introducir una veintena de tasas fiscales por la prestación de servicios públicos y trámites administrativos, que afectarán a grandes superficies, transporte eléctrico, obtención de títulos académicos, rescate en situaciones de emergencia, uso de cartones de bingo, etc. Es lo que el PP llama “orgía impositiva” y que algunos destacados empresarios entienden como medidas “demenciales” y “disparatadas”. No seré yo quien rectifique tales apreciaciones, pero ese afán recaudador se justificaría por sí solo si el propio Gobierno ya hubiera agotado las posibilidades de obtener dinero, no de quien sea y como sea, sino del fraude fiscal y de sí mismo, de la supresión y/o fusión de consejerías, organismos, empresas, cargos públicos y toda la parafernalia derrochadora que a la vista está. No vale echar la culpa a Madrid cuando en casa es preciso purgar tantos pecados como el mastodóntico tamaño de la Administración, el excesivo número de funcionarios y las duplicidades y triplicidades de competencias, además de las prebendas en forma de coches oficiales, dietas, tarjetas de crédito, teléfonos móviles, etc., como he escrito otras veces. Todos los sectores económicos -y supongo que también el CES cuando emita su informe preceptivo- están contra las subidas de impuestos indiscriminadas, más aún en tiempos de crisis galopante, por sus efectos sobre la demanda, el empleo y hasta el ahorro. Cicerón decía que “humano es errar pero sólo los estúpidos perseveran en el error”. Y encima lo hacen con prisa y sin aceptar consejos.