EUROPA PRESS | Puerto del Rosario

El Cabildo de Fuertenventura ha afirmado que el Ministerio de Industria del Gobierno de España “ha forzado administrativamente el procedimiento para adjudicar los permisos de prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote”.

Según informó en un comunicado el presidente de la Corporación insular, Mario Cabrera, “tramitan en un solo expediente y con un solo Real Decreto lo que en realidad deberían ser nueve expedientes distintos y nueve autorizaciones distintas, con nueve procedimientos administrativos, de consulta y de informes distintos”.

“En resumen –continuó–, facilidades para la multinacional petrolera, que recordemos tiene ex altos cargos en la secretaria de Estado que tramita el expediente e invita al Ministro responsable a almuerzos en hoteles de cinco estrellas. Todo al mismo tiempo que alguien patrocina en Madrid campañas mediáticas de descrédito a quienes en Canarias, mayoritariamente, se oponen a las prospecciones”.

Cabrera insistió que en son formas antidemocráticas de actuar “que demuestran lo que hay detrás de todo esto: dinero para las multinacionales y atropello a los canarios”.

Por su parte, el Real Decreto por el que el Gobierno de España autoriza las prospecciones petrolíferas a Repsol y sus socias multinacionales afecta a un total de 616.000 hectáreas distribuidas en 9 grandes áreas “frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, en un área localizada a apenas 10 kilómetros de las islas”.

Sin embargo, el presidente del Cabildo señaló que toda la legislación estatal establece un máximo de concesión de prospecciones sobre 100.000 hectáreas en cada expediente. “Se le concede a Repsol y sus socios en total 616.000 hectáreas, se intenta disfrazar fraccionando en 9 áreas, pero al final se tramita todo junto, demostrando que en realidad es el mismo proceso”, apuntó.

“Una irregularidad más”

Recordó también que “hay experiencias recientes sobre casos similares que demuestran que es una irregularidad más y que justifica que los tribunales suspendan este proceso. Va a ser un argumento más para acabar con esta autorización que Canarias no quiere”.

En este sentido, la Ley de Hidrocarburos de 2008 establece un máximo de 100.000 hectáreas para permisos de investigación. La norma anterior de 1974 también establecía el mismo máximo de autorizaciones en 100.000 hectáreas. Más recientemente, la Ley 34/1998 reitera la limitación a 100.000 hectáreas.