EFE | Madrid
La amenaza de intervención se cierne sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves, el primero que se celebra con la Ley de estabilidad Presupuestaria en vigor, que da al Gobierno los instrumentos necesarios para forzar a las comunidades autónomas a cumplir con la reducción del déficit.
La reunión del máximo órgano de coordinación de las políticas fiscales, que preside el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prevé revisar los planes de ajuste presentados por las comunidades autónomas para lograr el objetivo de déficit del 1,5 % del PIB este año y analizar la implementación del plan de pago a proveedores.
Aunque el Gobierno había expresado su deseo de no tener que poner en marcha el mecanismo de intervención en ningún caso, el Ministerio de Hacienda ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudien la posible tutela de las cuentas del Principado de Asturias, ante la situación política que vive la comunidad y que puede hacer imposible que apruebe su plan económico.
Entre las más vulnerables están también Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, que tendrán que afrontar ajustes de entre 2.000 y 4.000 millones de euros.
De acuerdo con los plazos establecidos en la nueva norma, la intervención del Estado en una comunidad podría tardar en materializarse entre tres y seis meses.
No obstante, el Gobierno también contempla la “vía rápida”, que implicaría una actuación inmediata en aquella autonomía que así lo solicite, ha explicado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Esta podría ser la situación de la Comunidad Valenciana, la segunda más endeudada después de Cataluña y con dificultades para financiar en el mercado los vencimientos de deuda, algo que sólo está consiguiendo pagando intereses muy superiores a los países rescatados por la Unión Europea.
Esta es una de las comunidades que tiene depositadas más esperanzas en la puesta en marcha de los llamados hispabonos, instrumento que permitiría a las autonomías emitir deuda de forma conjunta a través del Estado, si bien el Ministerio de Economía aún no ha concretado cuándo se pondrá en marcha ni qué importe tiene previsto emitir.
Si una comunidad es intervenida no tendrá acceso a este mecanismo de financiación, ni a ningún otro.
La reunión del jueves se prevé larga, puesto que se debatirán uno a uno los planes, a los que también podrán plantear objeciones las comunidades autónomas (no sólo el Gobierno), posibilidad abierta con la nueva ley.
Allí se verá si algún plan de ajuste no consigue el aprobado, en cuyo caso la comunidad correspondiente tendrá una semana de plazo para presentar a Hacienda las modificaciones que se le exijan, que serán analizadas en una nueva reunión del CPFF que tendrá lugar en la última semana de mayo.
En caso de que los planes modificados sigan siendo insuficientes para alcanzar los objetivos previstos, el Estado podrá poner en marcha las medidas coercitivas previstas en la ley y que constituyen el paso previo a la intervención.
En esta fase, la comunidad deberá adoptar la no disponibilidad de fondos y constituir un depósito equivalente al 0,2 % de su PIB, que se convertiría en multa si persiste el incumplimiento.
En caso de no llevarse a cabo, el Ejecutivo podrá intervenir con el envío de una “comisión de expertos” dirigidos por el Ministerio de Hacienda para estudiar la situación de la comunidad y proponer medidas en el plazo de una semana.
En ese proceso, la autonomía no queda suspendida, pero si el gobierno o el parlamento regional no adopta las iniciativas propuestas, será el Ejecutivo central el que las tome con la aprobación por mayoría absoluta del Senado.