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La división obliga a posponer la huelga de los empleados públicos

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

La decisión de convocar una huelga entre los empleados públicos de la Administración autonómica canaria ha quedado pospuesta ante la incertidumbre creada en este colectivo, a lo que se añaden problemas de índole logística. A la reunión de ayer en Las Palmas de Gran Canaria solo asistieron los cinco sindicatos de la Mesa General de los Empleados Públicos (Intersindical Canaria, Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores, Sepca y Co.bas), aunque también habían sido llamados otros.

El coordinador del área Pública de CC.OO. en Canarias, José Ramón Barroso, reveló que han surgido algunos inconvenientes de última hora, “impensables hasta hace unos días”. De esta cita no salió nada en concreto, ni un consenso sobre el paro de protesta ni fechas para las manifestaciones o concentraciones en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma. En sanidad y educación sí hay avances.

Los dirigentes sindicales no tomarán ninguna determinación al respecto hasta que se pronuncien las asambleas de empleados públicos. Para hoy, entre las nueve y las once de la mañana, se ha fijado la de Las Palmas de Gran Canaria. La de Tenerife, en cambio, será el próximo jueves 10 de mayo, al no haberse concedido los oportunos permisos para su celebración. Habrá que esperar, por lo tanto, una semana para conocer qué acciones se adoptan para intentar impedir la rebaja salarial del 5% anual, impuesta por el Gobierno regional en el marco de los ajustes del déficit de 800 millones de euros derivado de los presupuestos generales del Estado.

“Muchos trabajadores no están dispuestos a que, encima, la Administración les retenga parte de su sueldo”, reconoció Barroso.

En este proceso, las centrales han denunciado la ausencia de transparencia y la precipitación. “Este nuevo sablazo supondría que algunos grupos laborales entrarían en una situación de emergencia social”, resaltó el portavoz de Comisiones. “[Los representantes del Ejecutivo de Paulino Rivero] han acudido sin documentación, con cifras generales y sin desgloses”, dijo en alusión a los contactos bilaterales.

Los sindicatos alertan de que el recorte conlleva un deterioro de los servicios públicos, “en un momento en que más los necesita la población”.

José Ramón Barroso reiteró que en CC.OO. están dispuestos a actuar conjuntamente con el Gobierno de CC-PSOE “si de lo que se trata es de que se dé a Canarias la financiación que legítimamente le corresponde”.

Lo que rechazan de plano es colaborar para disminuir los salarios e incrementar los impuestos que afectan a los más desfavorecidos.

Las corporaciones locales tampoco secundan el ejemplo de menguar los ingresos en las nóminas de su personal.