EUROPA PRESS | Madrid
El fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos ha destacado este martes la responsabilidad del exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, en el “incremento del riesgo” al que se sometió a los 62 militares españoles que perdieron la vida en el accidente del Yak-42 que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía).
En la vista celebrada para revisar la decisión del nuevo presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, de archivar la causa en la que se investigaban las supuestas irregularidades que se produjeron en la contratación del avión, el fiscal ha solicitado que se revoque el sobreseimiento para estos dos mandos militares, que en su opinión deberían volver a ser imputados.
El representante del Ministerio Público considera que la actuación de los ex JEMAD y JEMACON aumentó el riesgo “preexistente” en el que se encontraban los militares, que se hallaban en una zona bélica. Ha precisado que Moreno y Ibarreta no tomaron las medidas necesarias para evitar el incremento del peligro.
La Fiscalía se había adherido en un inicio a los recursos presentados por dos asociaciones de familiares de las víctimas que solicitaban la reapertura completa de la causa, en la que el juez instructor llegó a imputar a seis militares.
El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidido por la juez Ángela Murillo, ha escuchado los informes planteados por dos asociaciones de familiares de las víctimas, que han defendido que el accidente pudo haberse evitado y han destacado que Grande-Marlaska “ha realizado un análisis sesgado de las pruebas a la hora de tomar su decisión”.
“El instructor sólo reflejó en su auto los indicios que convenían para apoyar el sobreseimiento y obvió pruebas como informes de peritos, informes de inteligencia o copias de contratos que hubieran servido para dar continuidad a la causa”, han indicado fuentes de los familiares.
Las asociaciones personadas en la causa han expuesto que existían motivos técnicos que respaldaban la paralización del vuelo, ya que el avión carecía de sensor de combustible y de sistema de grabación a través de caja negra.
La ponencia del auto en el que se decidirá si se reabre o no la causa investigación, que fue archivada el pasado 2 de febrero por Grande-Marlaska cuando permanecía al frente del Juzgado Central de Instrucción número 3, correrá a cargo de la magistrada Carmen Paloma González.
Marlaska confirmó en marzo pasado el archivo de esta causa al entender que no hubo “ausencia alguna de investigación”, como defendía el recurso de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42.
La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 sostiene, por su parte, que la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo tenía “conocimiento del riesgo” que suponía volar en este tipo de aparatos.
El segundo recurso, presentado por las familias de dos comandantes que fallecieron en el siniestro, defiende que los seis mandos militares imputados tenían “conocimiento de las quejas, participaron en el contrato de adjudicación, lo incumplieron, llevaron a cabo reuniones con la contratista, desarrollaron un programa y planificación de vuelo incorrecta, y tienen responsabilidades por mandato de su cargo”.
La defensa de los seis imputados ha defendido, por su parte, la inocencia de todos ellos y ha achacado el accidente a un error humano de la tripulación encargada de transportarles desde Afganistán hasta Madrid.
Seis mandos imputados
El juez llegó a imputar 62 delitos de homicidio por imprudencia grave al exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuía “todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas” y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que consideraba “responsable de la contratación” del aparato.
También estaban imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo; y el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la división de planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN Namsa.
Pésame de la presidenta
La vista ha contado con la presencia de un reducido número de familiares de las victimas que han acudido a la Audiencia Nacional portando las fotografías de sus allegados fallecidos. Según han explicado, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, se ha acercado a ellos para ofrecerles su pésame por la pérdida de sus seres queridos.