No suele ser habitual, pero algunos chiquilicuatre de la política son incapaces de controlarse cuando tienen un micrófono delante. Mira que es fácil guardar silencio, pensar antes de hablar, salir con una prudente evasiva… Pero no, lo facilón, lo que les piden las vísceras, no el sentido común, es soltar un exabrupto. Lo vemos estos días a cuenta del pago del IBI por parte de la Iglesia Católica. Hay que ver lo que dicen por esa boquita algunos portavoces del Gobierno de Canarias, de los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna, etc. Es como si se hubiera dado una consigna de repetición para tratar de poner en un brete a dicha confesión religiosa. Pero la insistencia resulta absurda, irreal, falsa de toda falsedad, lo diga Agamenón o algunos de sus cientos de porqueros.

Con la legislación en la mano -Ley de Entidades sin Ánimo de Lucro, Ley de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria, Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979-, la Iglesia está exenta del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, y del impuesto sobre obras y construcciones. También lo están las ONG, las fundaciones sin ánimo de lucro, las asociaciones de utilidad pública y las federaciones deportivas, los acuartelamientos, las embajadas, etc., así que no se trata de ningún privilegio unilateral como afirman algunos desaprensivos, sino de un acuerdo libremente aceptado por las partes.

Lo que sí abona la Iglesia, desde 2007, es el Impuesto sobre el Valor Añadido o IVA (IGIC en Canarias) para ejecuciones de obras (unos 30 millones de euros anuales), por exigencia de la Unión Europea; a cambio, incrementó su participación en el porcentaje que recibe a través del IRPF, que pasó del 0,52 al 0,7 % de la cuota íntegra correspondiente a los contribuyentes que voluntariamente muestren su voluntad de colaboración. Se trata de una asignación tributaria que alcanza unos 230 millones de euros, destinados en casi su totalidad al llamado Fondo Común Interdiocesano, es decir, para sueldos y seguridad social de obispos y sacerdotes (unos 22.000 en toda España), seminarios y tareas pastorales. Satisface la Iglesia los restantes impuestos, a condición, claro está, de que se trate de actividades económicas o de otra índole no relacionadas con asuntos benéficos, educativos, culturales y sociales, lo mismo que hacen Cruz Roja, los sindicatos, las fundaciones, etc.

Y se ha comprometido a alcanzar cuanto antes su autofinanciación, en cuyo caso cesará la colaboración financiera con el Estado. Para los escépticos, los laicistas agresivos y los enemigos del hecho religioso dejo aquí una observación bien simple: cuestiones espirituales aparte, ¿quién satisface a la Iglesia los servicios que, por medio de religiosos y laicos, presta en poblados, barrios, hospitales, asilos y centros de acogida y asistenciales tanto a inmigrantes como a enfermos, marginados y desvalidos de la sociedad? ¿Cómo se compensa su atención a la conservación y custodia del enorme patrimonio artístico, religioso y cultural que atesora y que está al servicio de los españoles en forma de museos, templos, conventos, edificios históricos y residenciales, etc.?