Castro Cid distribuyó en 1979 los derechos fundamentales en tres apartados: la integridad del hombre, su libre actuación y la promoción del orden social necesario para garantizar todo ello. Sin embargo, desde hace ya algunos años se vienen planteando los llamados derechos de ‘cuarta generación’, entre los que estaría el derecho a un medio ambiente saludable, cuya prevalencia en el debate público lleva a la heteronomía, anteponiéndose esos derechos a los económicos y sociales.

El Gobierno de Canarias controla en tiempo real la contaminación de la refinería de petróleos de Santa Cruz de Tenerife con normas basadas en los estudios epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud y la EPA americana. Además, la refinería cuenta con un Sistema de Gestión Medioambiental, está adherida al Registro Europeo de Auditorías Medioambientales, dispone de tres plantas que recuperan 40 toneladas de azufre sólido, alberga una planta de tratamiento de aguas residuales homologada como Estación Marpol, tiene una red de variables ambientales del subsuelo y dispone de un Sistema de Gestión de Riesgos Laborales y otro de Calidad.

Es obvio que la actividad del refino del petróleo contamina y debe ser controlada por las autoridades para que no se sobrepasen los límites legales.

Ahora bien, evitar el nihilismo conlleva subrayar que la refinería produce 4’8 millones de toneladas que cubre la demanda canaria (y que habría que importar si no existiera), que su actividad genera el 50 por ciento del movimiento de mercancías del puerto, da empleo directo a 400 personas, más otros 350 trabajadores en las empresas que allí desarrollan su labor y 270 más de las filiales que distribuyen el combustible a puertos y aeropuertos.

Las 150 empresas canarias que proveen a la refinería de los bienes y servicios que necesita le facturan 60 millones de euros/año, y cuentan con otros 500 trabajadores en sus plantillas. En total, 1.500 familias tinerfeñas dependen directamente de la refinería para subsistir.

La refinería cuenta con una planta de cogeneración de energía eléctrica con el gas residual de sus actividades (que produce el 15 por ciento del consumo de luz de la capital), genera cerca del 40 por ciento de las exportaciones de Canarias al exterior, almacena 1.300.000 metros cúbicos de combustible, y paga 20 millones de euros en impuestos y tasas a las administraciones canarias.

En síntesis, una industria imprescindible para las Islas, a la que hay que exigir las mayores protecciones medioambientales posibles.

*Exportavoz del PP en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Santa Cruz