El Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura ha concedido a Domingo Berriel, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Rivero, tres subvenciones de 17.000 euros cada una, para acometer unos proyectos hidráulicos en una finca de su propiedad. Supongo que la decisión es absolutamente legal y ajustada a derecho, y que el hecho de que Berriel pertenezca al grupo político que dirige el Cabildo de Fuerteventura -del que depende el Consejo Insular- no habrá tenido ninguna incidencia en la concesión en cuestión. Pero es llamativo que Berriel reciba más del cincuenta por ciento de los recursos finalmente subvencionados, y más si se tiene en cuenta que el dinero que adjudica el Consejo Insular procede directamente del Gobierno de Canarias, y que fue la propia dirección general de Aguas del Gobierno regional la que publicó el año pasado el concurso. Por eso, al margen de que Berriel tenga derecho a presentarse y a ser considerado como cualquier otro propietario, parece poco prudente que lo haya hecho. Y más con la que está cayendo.

Corren muy malos tiempos para todo el mundo, y los gobiernos tienen que hacer el esfuerzo de dar ejemplo. No se puede pedir sacrificios y ajustes sin cuento a los demás, mientras que los miembros del Ejecutivo se aplican a sí mismos la ley del embudo: lo ancho para mí, lo estrecho para los demás. Berriel es un buen técnico y ha sido un consejero competente, muy próximo a Rivero, al que ha gestionado alguno de los asuntos más complicados y difíciles de esta y la pasada legislatura, de forma discreta y sin liarla. Algún día se sabrá cómo se ha currado Berriel la supervivencia de Islas Airways, por ejemplo. Pero si el presidente quería premiar las gestiones realizadas, mejor utilizar otro sistema. Mientras el Gobierno subvenciona generosamente los proyectos privados de sus miembros, muchos ciudadanos están al borde de la desesperación. Ayer se conoció el caso -bastante truculento- de un vecino de Telde que falleció sin tener familia que se ocupe de él, y sin disponer de recursos para pagar su entierro. El consistorio tampoco no tiene recursos, y -al menos hasta ayer- había decidido meter al muertito en una nevera y esperar a que el finado cobrara sus quince días trabajados en el mes de mayo, para poder disponer de ese dinero y enterrarlo. Esa es -también- la Canarias en la que vivimos. La misma en la que un consejero del Gobierno encuentra la forma de conseguir nueve millones de las antiguas pesetas para hacer unos arreglos en su finca majorera con dinero público.