EFE | Madrid

Las grandes constructoras esperan cobrar cerca de 5.800 millones de euros desde el próximo 31 de mayo, día a partir del cual los ayuntamientos comenzarán a pagar las facturas pendientes en el marco del plan de pagos a proveedores que ha puesto el marcha el Gobierno.

Las grandes constructoras (ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHL) cuentan con ir cobrando a lo largo del segundo semestre del año los créditos que les adeudan las administraciones públicas.

Los ayuntamientos han presentado facturas pendientes de pago por valor de 9.750 millones a abonar a partir del 31 de mayo, mientras que las comunidades autónomas tienen, según los últimos datos, facturas morosas por 17.700 millones a pagar desde el 30 de junio.

Para poder pagar las facturas, el Gobierno y 26 entidades financieras han dotado de un crédito sindicado por valor de 30.000 millones, ampliable a 35.000 millones, a comunidades autónomas y ayuntamientos.

Entre las compañías con más créditos pendientes de cobro se encuentra el grupo ACS, al que las administraciones adeudan unos 2.300 millones en total (reconocidos o no), de los que los ayuntamientos tienen 1.600 millones y las autonomías, el resto.

En una conferencia con analistas, el director General Corporativo de ACS, Ángel García Altozano, avanzó que la compañía espera cobrar de los municipios en la segunda mitad de mayo y el resto después del verano.

Por detrás del grupo que preside Florentino Pérez, las entidades tienen una deuda vencida y reconocida de entre 1.400 y 1.500 millones con FCC, la mayor parte vinculada a su área de servicios.

En el caso de Ferrovial, las administraciones adeudan a la compañía más de 1.000 millones en total, de los que una parte significativa está vencida.

Asimismo, el importe reconocido que adeuda la administración a Sacyr Vallehermoso es de 376 millones, de los que los ayuntamientos tienen 260 millones y las comunidades, el resto.

Ambas administraciones también tienen deudas reconocidas y pendientes de cobro con Acciona, por valor de 330 millones, de los que 170 millones son de las autonomías y 160 millones de los consistorios.

OHL cuantificó en 328 millones la deuda vencida y exigible que le deben las administraciones públicas: las autonomías 192 millones, el Gobierno 101 millones y los consistorios 35 millones.

Según los datos de la patronal de las grandes constructoras (Seopan), la deuda viva de las administraciones públicas con las empresas del sector a cierre de 2010, sólo referida a obra pública, ascendía a 22.300 millones de los cuales 15.049 millones se encontraban en mora.

No obstante, en líneas generales, la mayor parte de la deuda reconocida que tienen las administraciones con las constructoras está en negocios como los servicios de limpieza.

Así, el presidente de la asociación de empresas de limpieza pública (Aselip), Francisco Jardón, ha explicado a Efe que confía en que sus empresas asociadas cobren a partir del 31 de mayo unos 2.500 millones.

Esta cantidad es el 80 % del importe total adeudado y pendiente de cobro, ya que no todas las deudas han sido reconocidas.
Asimismo, ha apuntado que las empresas han tenido que renunciar, por el hecho de acogerse al plan, a intereses de demora valorados en hasta 180 millones de euros.

Las empresas de Aselip, entre las que se encuentran las filiales de servicios de grupos como FCC, ACS, Ferrovial o Sacyr, prestan sus servicios en unos 6.800 consistorios, cuentan con una facturación anual conjunta de 4.000 millones y con una plantilla de 125.000 trabajadores.