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Las corporaciones ceden la mitad del aumento del IGIC

El presidente de la Fecai, Mario Cabrera (i), con Paulino Rivero. | EFE

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Las corporaciones locales cederán hasta finales de 2015 la mitad de los ingresos que les corresponde por la subida de los tipos del impuesto indirecto canario (IGIC), aprobada recientemente por el Gobierno regional. Esta decisión es resultado del acuerdo que se alcanzó ayer en Santa Cruz de Tenerife durante una reunión del Ejecutivo de Paulino Rivero con la Fecai (federación de cabildos) y la Fecam (ayuntamientos).

Tal como explicó el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, se trata de un esfuerzo solidario (de carácter parcial y temporal) para sufragar los servicios públicos esenciales y las prestaciones sociales, sin menoscabo de la autonomía local. La medida se limita a la recaudación derivada del incremento del 2% al 3% y del 5% al 7%, de manera que se mantiene el reparto actual, del 58% para cabildos y ayuntamientos y del 42% para la Comunidad Autónoma.

El proceso irá de menos a más. En 2013, las corporaciones se quedarán con un 16%-17% y las cantidades crecerán paulatinamente al 25%, al 35%-36% y de ahí directamente al 58%, como establece la ley 9/2003 (Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias).

Con la modificación tributaria, el Gobierno espera conseguir unos 236 millones de euros en términos anuales. González Ortiz recordó que Canarias tiene 448 millones en la financiación de 2012 y que lo máximo que prevé recaudar por la vía de la presión fiscal es 250 millones de euros.

Todos los cabildos votaron a favor de la cesión excepto el de Gran Canaria, que es el único de los siete presidido por el PP. Su vicepresidenta segunda y consejera de Economía y Hacienda, Rosa Rodríguez, justificó la abstención en que no se ha valorado la opinión de las instituciones insulares. “No se nos ha informado convenientemente y, además, estamos en contra de que se toque la ley”, declaró ante los medios de comunicación. “Entendemos que el escenario político, administrativo y económico no debería ser alterado y, en cualquier caso, se tendrían que haber formulado otras propuestas”. Una de ellas sería la creación de un impuesto exclusivo de la Administración autonómica. Definitivamente, se impuso el consenso para incluir una transitoria en la ley por la que en enero de 2016 se volvería a la normalidad.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, había sugerido que cada cabildo y ayuntamiento renunciara a una parte de la recaudación por decisión plenaria de las respectivas corporaciones locales.

“Hemos antepuesto los intereses de los ciudadanos a cualquier otro”, destacó la representante de La Palma, Guadalupe González Taño y añadió que “estamos obligados a sentarnos a negociar para resolver el gran problema, que es la distribución competencial”. En este sentido, Ortiz reiteró que la reorganización administrativa es fundamental. Precisamente, el Consejo de Ministros definirá el viernes las competencias que pertenecen al ámbito municipal. Lo que no se ha superado es el conflicto generado por la reducción del 5% de los empleados públicos. Ayer no se habló de eso, aunque de sobra son conocidas las reticencias de las corporaciones. El presidente de la Fecam, Manuel Ramos, avanzó que este asunto se pondrá sobre la mesa la próxima semana.