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“Los empleados no tenemos culpa de la deuda municipal”

NORBERTO CHIJEB | Candelaria

Los sindicatos CSI-F, UGT e Intersindical Canarias denunciaron ayer, en rueda de prensa, las que califican como “actuaciones y formas de conductas dictatoriales del alcalde de Candelaria contra los trabajadores de la citada Corporación”.

Recordaron los representantes sindicales que “desde el año 2011 se han convocado numerosas mesas de negociación del Ayuntamiento de Candelaria con el objeto de discutir las condiciones de trabajo de los empleados públicos y crear un nuevo acuerdo mixto de condiciones de trabajo. “Desde las primeras mesas celebradas mostramos nuestro desacuerdo”, detallan, “con un borrador del documento presentado por el Ayuntamiento con numerosas pérdidas de derechos laborales y sociales y que, según las fuentes externas consultadas, suponen un agravio comparativo para los trabajadores de este Ayuntamiento frente a otras administraciones públicas de la Isla”.

Pese a las enormes diferencias con la propuesta del grupo de gobierno socialista, los sindicatos dijeron ayer que “salvo en asuntos de menor calado, ha resultado imposible llegar a ningún acuerdo efectivo, pues los representantes de la Corporación se han negado a mantener los derechos laborales y sociales ya adquiridos. Además, ha sido imposible incorporar alguna mejora, incluida la jornada laboral flexible que contempla la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral; el Ayuntamiento ha considerado conveniente no incluirla en este acuerdo alegando que podrá acordarse más adelante. Lo mismo ha ocurrido con los trabajadores que se encuentran en situación de irregularidad, cuya regularización hemos solicitado en diversas ocasiones en atención a los años de servicio prestados, y que la Corporación se ha negado a estudiar en la Mesa de Negociación”.

Los representantes de los empleados municipales manifestaron que “en ningún momento se solicitaba incremento de salario” y recordaron que el Ayuntamiento tiene cuatro gerentes municipales, cuyos sueldos alcanzan hasta los 66.000 euros, y sin embargo, “el propio acuerdo mixto fue redactado por un asesor externo”. “Los empleados no tenemos la culpa de la crisis, ni de la enorme deuda del Ayuntamiento”, sentenciaron.