D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

Los sindicatos que representan a los empleados públicos canarios calientan motores para una gran movilización contra las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno regional. Este jueves se reúnen para poner fecha a una manifestación y a una huelga que cada vez parece más próxima a ser una realidad. Lo que salga de ahí se votará mañana en una asamblea simultánea en Tenerife y Gran Canaria.

Los actos de protesta se han sucedido desde que el Ejecutivo de Paulino Rivero anunció su intención de reducir en un 5% anual el sueldo de los alrededor de 62.000 empleados públicos de la Administración autonómica. La negativa de las corporaciones locales (ayuntamientos y cabildos) a extender la propuesta a sus trabajadores se interpreta como un agravio.

En este escenario, los sindicatos denuncian que la merma de los servicios a los ciudadanos es una constante. En concreto, CSI.F pone de relieve el “progresivo descenso en la inversión de los programas de modernización, una progresiva contracción del gasto en materia de personal, con amortización de puestos de trabajo y la disminución de la oferta pública hasta el punto de paralizarla”.

Según los cálculos de este sindicato, el recorte salarial real “conlleva una pérdida de ingresos, tanto directos como indirectos, por importe de 36.665.200 euros”. A ello se añade “una deflación en el consumo interior bruto por importe de 93.334.000 euros”.