administración pública >

Los empleados públicos hoy se manifiestan contra los recortes

Imagen de archivo de una de las concentraciones frente a Presidencia. / DA

BEGOÑA AMEZUA | Santa Cruz de Tenerife

Los empleados públicos del Gobierno de Canarias, incluidos los sectores de la justicia, la sanidad y la educación, están hoy llamados a participar en la manifestación que ha sido convocada en todas las Islas contra el recorte salarial del 5% y la subida de los impuestos decidida por el Gobierno de Canarias.

El inicio de las movilizaciones está previsto para las siete de la tarde. El punto de reunión, en Santa Cruz de Tenerife, es la plaza Weyler, desde donde se desplazarán por las calles Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás, para terminar en la plaza de La Candelaria. En Las Palmas de Gran Canaria, la salida es el parque de San Telmo para llegar a Presidencia del Gobierno, a través de la calle León y Castillo.
A la jornada de protesta de hoy le seguirá una segunda concentración planificada para el próximo 29 de mayo, frente al Parlamento de Canarias.

El Gobierno tiene previsto remitir al Legislativo, el próximo 31 de mayo, el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales para que pueda ser aplicable a partir del próximo 1 de julio. El tercer día de movilizaciones está establecido para el próximo 30 de mayo, Día de Canarias, cuando los trabajadores del Ejecutivo canario expondrán su protesta en todos los actos institucionales organizados.

Con respecto a las jornadas de huelga, los afectados aún no han fijado las fechas, aunque sí se decidió que fueran paros parciales.

El portavoz en la materia de la Unión General de Trabajadores (UGT), Francisco Bautista, recordó que los implicados por los recortes salariales han presentado al Gobierno regional propuestas de ajuste alternativas que “ni tan siquiera han sido tenidas en consideración”.

Entre ellas está, tal y como afirma también el dictamen del Consejo Económico y Social (CES), la racionalización de las estructuras de gestión de la Comunidad Autónoma, que tiene que extenderse, “de manera inaplazable”, a las empresas públicas.