Los empleados públicos se inclinan por los paros parciales

D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

Los empleados públicos de la Administración autonómica se inclinan mayoritariamente por los paros parciales frente a la corriente que prefiere una huelga de 24 horas.

Hasta el momento, de las respectivas asambleas celebradas en Gran Canaria y Tenerife habían salido posicionamientos dispares en cuanto al formato del plantón contra el recorte salarial del 5% anual previsto por el Gobierno canario.

Mientras en la provincia oriental se impuso la idea de huelga total, los trabajadores de la occidental optaron por la otra posibilidad. Ahora, un sector de Gran Canaria duda de la conveniencia del paro global.

Los sindicatos reunidos ayer no se pusieron de acuerdo sobre la fecha de la huelga. En este sentido, la manifestación fijada para el miércoles 23 en cada una de las siete islas, a partir de las siete de la tarde, se convertirá en un termómetro para calibrar los estados de ánimo y decidir la fórmula más adecuada.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Canarias, Francisco Bautista, explicó que, en cumplimiento de la normativa vigente, la huelga no será, en cualquier caso, antes de la primera quincena de junio.

Hasta entonces, el calendario de movilizaciones incluye, además de esa manifestación, una concentración el día 29 ante el Parlamento y protestas el 30 en todos los actos oficiales del Día de Canarias.

Ambiente caldeado

El ambiente está caldeado. El enfado de los empleados públicos ha puesto en la picota los planes gubernamentales de reducción del déficit, que también choca con los recelos del Consejo Económico y Social (CES). El Ejecutivo de Paulino Rivero espera con impaciencia un dictamen sobre el anteproyecto de ley de medidas administrativas y fiscales. Después de un retraso de varios días, tampoco es seguro que el pleno apruebe hoy su informe.

En este escenario, Intersindical Canaria niega cualquier atisbo de pacto si el Ejecutivo no retira los recortes laborales y sociales. Este sindicato resalta el “elevado deterioro” alcanzado en las condiciones de los trabajadores. “La responsabilidad directa de quiebra social recae, aparte del PP, sobre el actual Gobierno de CC y el PSOE”, ha manifestado el secretariado nacional de IC.