M. F. – Y. R. | Santa Cruz de Tenerife

Los servicios jurídicos del Gobierno ven un conflicto competencial en la rebaja salarial del 5% para los empleados públicos de la Comunidad Autónoma. Los juristas critican también, en su informe, que se utilice el anteproyecto que recoge las medidas administrativas y el alza tributaria para modificar legislación ajena a la situación de crisis, como la regulación de las parejas de hecho.

Además de las dudas sobre el encaje constitucional de los nuevos impuestos que quiere crear el Gobierno para las grandes superficies y a las entidades financieras, los juristas muestran también sus incertidumbres sobre la reducción salarial. Indicaron que, según recoge el anteproyecto parece que la rebaja se pretende aplicar sobre las retribuciones complementarias. Aspecto en el que la Comunidad Autónoma tiene competencias sobre la cuantía y estructura.

Sin embargo, puntualizaron que, en cuanto que el cálculo se efectúa sobre las retribuciones íntegras, parece entenderse incluídos los salarios básicos, sobre los que el Estado tiene la competencia exclusiva para su fijación en los presupuestos.

Los juristas criticaron que tampoco se determina el mecanismo para hacer efectiva la reducción del 5%. Indicaron que es necesario establecer alguna previsión, por lo que “no parece suficiente la mera remisión” a unas instrucciones como medio a utilizar para hacer efectiva la aplicación de esta rebaja.

En cuanto al artículo del anteproyecto sobre las condiciones retributivas máximas para el personal del sector público, en el texto se recoge que la reducción del 5% será adicional de las que puedan establecer por el Gobierno o en los programas de viabilidad. Los juristas señalaron que esta previsión se manifiesta de tal manera que impone un límite salarial y que puede suponer, en algunos casos, una rebaja salarial “imperativamente” acordada “al margen de todo procedimiento de negociación”.

Los expertos consideraron, por ello, que esta regulación es “contraria” a la legislación laboral, a lo que añadieron que supone un “exceso” del intervencionismo administrativo en la negociación colectiva. Insistieron en que la legislación aplicable es la laboral, y que ésta impone la necesidad de un acuerdo entre las empresas y los trabajadores. La modificación de condiciones de forma unilateral supondría una “vulneración” del artículo 37 de la Constitución.

Los juristas criticaron también la ausencia de una explicación que fundamente algunas de las modificaciones legales que se han incluido en el anteproyecto y que no tienen que ver con la actual coyuntura económica. Apuntan así a las modificaciones legales en la ley de juegos y apuestas, la de parejas de hecho o del texto refundido de las leyes de ordenación del territorio.

A juicio de los expertos, parece que el Ejecutivo canario ha pretendido “aprovechar” el dictado de la ley de medidas para “solventar dudas interpretativas” surgidas en la aplicación de estas leyes referidas. Una técnica que calificaron de “criticable” por la dispersión normativa que genera, argumentaron.

Ministerio

En cuanto a la subida del IGIC, los juristas recordaron que una vez que el texto tenga carácter de proyecto de ley es necesario un informe del Ministerio de Economía y Hacienda antes de su remisión al Parlamento canario. El Ejecutivo regional ya ha anunciado que esta misma semana se procederá a la aprobación del anteproyecto. Un paso que previsiblemente se dará en la reunión de hoy del Consejo de Gobierno. El Gobierno quiere remitirlo cuanto antes al Parlamento para que entre en vigor en julio.

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Tasa hostelera

Las patronales turísticas de las Islas se reúnen hoy para consensuar la propuesta que presentarán al Gobierno de Canarias para frenar la subida de dos puntos del Impuesto General Indirecto (IGIC) a partir del próximo mes de julio. La fórmula planteada hasta ahora por los empresarios, para evitar el coste de este incremento impositivo, pasa por aplicar una tasa de pernoctación al turista, tal y como se está haciendo en otros países de Europa y España. El documento se presentará, esta misma semana, a los grupos con representación en la Cámara regional para que, vía enmienda, se incluya en el tramite parlamentario del proyecto de ley.

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