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Los trabajadores del Ejecutivo proponen otras medidas de ajuste

B. A. | Santa Cruz de Tenerife

Los trabajadores del Gobierno de Canarias han elaborado un documento de cinco propuestas de ajuste que no tocan los impuestos ni rebajan salarios de los empleados públicos.

Este plan va dirigido al presidente, Paulino Rivero, al consejero regional económico, Javier González; y al consejero de Presidencia, Francisco Hernández. En primer lugar piden la reducción de un porcentaje de los beneficios fiscales contenidos en los presupuestos canarios de 2012, y que se elevan a 919,40 millones de euros.
En segundo lugar, platean la suspensión o reducción, de forma temporal, de los beneficios fiscales de la Reserva de Inversiones (RIC).

La tercera medida aboga por la disminución de los puestos o la supresión del Diputado del Común. Esta institución dispone, según este documento, de 36 plazas, de las que 12 son asesores. La misma petición se hace con respecto al puesto de jefe de gabinete y relaciones institucionales del mismo organismo. Esta estructura, agrega este plan, cuesta 2.930.049 euros a la Comunidad Autónoma.

Los empleados públicos, en cuarto lugar, se preguntan que cómo se explica que haya aumentado el dinero que se transfiere para el capítulo de gastos corrientes, “el que se asigna por contrato menor sin concurrencia” de 13 organismos autonómicos.

Se trata del Servicio Canario de la Salud, la Academia de Seguridad, la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el Instituto de Administración Pública y el Instituto de Calidad Agroalimentaria.

También el Instituto de Estadística, el de Hemodonación y Hemoterapia, el de Investigaciones Agrarias, el de Igualdad, el de la Vivienda, el Servicio Canario de Empleo y la Agencia de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. En total, en 2012 para gastos corrientes disponen de 2.528.208.044 euros frente a los 2.486.710.460 del año anterior.

Finalmente, reclaman la reducción de los sueldos de “todos” los altos cargos ya que, en su opinión, “nadie” debe cobrar más que el presidente del Ejecutivo estatal. Su sueldo es de 78.185,04 euros, según los presupuestos estatales de 2012.